La controversia constitucional es un juicio que se promueve en única instancia ante la Suprema Corte, cuando se suscitan conflictos entre poderes o ámbitos de gobierno. Mediante esta figura se impugna si alguno de ellos afecta a otro en su esfera de competencias, contraviniendo con ello a la Constitución. Entre los actores facultados por la Constitución para emplear este recurso están las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios, el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los poderes de una entidad federativa y los órganos de gobierno del Distrito Federal. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=57
Entre las reformas estructurales, una de la mayor trascendencia, es la educativa. Se modificó la Constitución en la materia y se aprobó una nueva normatividad, reglamentaria de ese cambio: Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional de Evaluación, Ley General del Servicio Docente.
Se trata, mediante tales cambios, de dar cuerpo al cumplimiento de uno de los compromisos presidenciales, expresado el 1 de diciembre del 2012. Dijo entonces Enrique Peña Nieto que una nación basa su desarrollo en la educación. El capital humano, agregó, es la base del desarrollo y progreso de un país, por ello corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. Corresponde al Estado y a su legítima representación: el gobierno federal.
Pero a la reforma constitucional y a su marco jurídico reglamentario, debe seguir la correspondiente adecuación de las normas locales en la materia. Deben apegarse al mandato supremo de nuestra Carta Magna. No ocurrió en cuatro estados de la República: Chiapas, cuyo gobernador, Manuel Velasco Coello, es militante del Partido Verde Ecologista de México; Oaxaca, el titular del ejecutivo es Gabino Cué Monteagudo, del partido Movimiento Ciudadano; Michoacán, donde es gobernador Fausto Vallejo, del PRI, y Sonora, que gobierna Guillermo Padrés.
Por ello, la procedencia de la demanda de controversia constitucional presentada por el ejecutivo federal con la finalidad de que los poderes legislativo y ejecutivo de esas entidades se sometan al mandato supremo de la Constitución. En realidad los esfuerzos a favor de una reforma que responda al interés de la nación, están dirigidos contra quienes tradicionalmente se han opuesto a la modernización de la educación, entre ellos los dirigentes e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. En tres de los estados involucrados tienen una presencia mayor: Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Lo de Sonora es otro asunto.
En cuanto a Chiapas y Michoacán las respuestas al procedimiento tendrán el seguimiento institucional correspondiente. Los gobiernos de esos estados harán lo necesario para superar a la oposición y cumplir con lo que la ley establece.
En cuanto a Oaxaca la cuestión es diferente. La vinculación de Gabino Cué con la CNTE y otras organizaciones opositoras al gobierno de la República, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, y la buena marcha del hacer público es ampliamente conocida. El anuncio que hace de que esperará la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la controversia, y la advertencia de la posibilidad de paros magisteriales en mayo con movilizaciones en la propia entidad y en la Ciudad de México, resultan altamente sospechosas. ¿Qué pretende? ¿Llevar el procedimiento a conflictos de índole social a los que él sería ajeno?
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