Rafael Cienfuegos Calderón
Para quien resulte electo Presidente de la República, la Ley de Seguridad Interior será un riesgo porque la tentación al autoritarismo que implica es inmensa. No hay reglamentación al artículo 29 de la Constitución Política, relativo a la suspensión de garantías individuales y, por tanto, se desconoce el mecanismo que debe seguir el Ejecutivo federal para llevarla a cabo.
El planteamiento anterior fue hecho por el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Jorge Triana Tena (PAN), en el foro “Seguridad y Participación Ciudadana en México” que organizó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados.
Afirmó que esta ley es inconstitucional de pies a cabeza, porque violenta el artículo 21 de la Carta Magna, el cual establece que las labores de seguridad pública son obligación del Estado mexicano, a través de instituciones de carácter civil, no militares.
Por tanto, la puerta que abre la Ley de Seguridad Interior a la violación de los derechos humanos y a las garantías individuales es un riesgo enorme. “Olvídense de quién gane la presidencia de la República y tome protesta el primero de diciembre, el riesgo y la tentación autoritaria es inmensa”.
De acuerdo con esa norma, las Fuerzas Armadas podrán intervenir de facto, sin que medie convenio con autoridades locales, lo que es grave, porque abre la puerta a un régimen autoritario, y se pueden hacer cosas sin que haya ningún tipo de control.
No obstante, las Fuerzas Armadas deben seguir realizando actividades de seguridad pública. “Estamos orgullosos de su labor”. El debate es: ¿en qué momento van a regresar a los cuarteles? Se les sacó a las calles, pero no se puso fecha para que retornen a ellos. No existe un artículo transitorio en la Ley de Seguridad Interior que lo señale.
Por otra parte, anotó el diputado Triana Tena, la presencia de militares y marinos en estados y municipios ha creado un círculo vicioso de confort entre gobernadores y alcaldes, quienes no invierten en capacitar a sus policías, ni en modernizar a los agentes del Ministerio Público, ya que piensan que tendrán el apoyo perpetuo del Ejército y la Armada.
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