POR: Rafael Cienfuegos Calderón
Para hacer frente a la violencia generalizada contra las mujeres la sociedad civil debe alzar la voz para exigir a los gobiernos que investiguen las denuncias y se sancione a los agresores, y a los diputados federales que trabajen en leyes que acaben con la impunidad y garanticen seguridad. Actualmente para las autoridades las mujeres asesinadas son solo una estadística.
La diputada, Karen Hurtado Arana (PRD), afirmó que en varias entidades del país la alerta por violencia de género es un instrumento que nació muerto. Es aberrante, consideró, que las cifras de mujeres muertas crecen y las autoridades no reconozcan la problemática.
Para la presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados, es momento de que la sociedad civil alce la voz y exija a las autoridades lo que les corresponde hacer, y que el Legislativo trabaje para garantizar una vida libre de violencia.
Sobre el tema, la también presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos Por Razones de Género, diputada Maricela Contreras Julián (Morena), dio a conocer que en 10 años se han registrado más de 26 mil asesinatos de mujeres, debido a la impunidad, falta de procuración de justicia y de castigo.
Ciudad Juárez, Chihuahua, fue paradigma en este tema, porque a partir de que se empezó a llevar un registro de la violencia contra la mujer, el tema se difundió en todos los estados.
Subrayó que hoy, el Estado de México es la entidad más violenta de la República, “pero no hay un solo estado que se salve, no importa quién lo gobierne”.
Concepción Villa González (Morena) urgió a revisar y analizar el instrumento de las alertas de violencia de género con el fin de implementar acciones que garanticen el cese de la agresión. Las alertas son un mecanismo para proteger sus derechos humanos y es único en el mundo, pero los municipios donde se ha hecho la declaración no han presentado avances en la reducción de la violencia contra mujeres asesinadas por su género.
El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Pablo Navarrete Gutiérrez, pidió a la Cámara de Diputados modificar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque el artículo 60 en materia de sanciones remite a un hoyo negro donde se pierde el tema de la responsabilidad de los servidores públicos.
Hay que integrar un capítulo con perspectiva de género donde se plantee qué responsabilidad tiene el servidor público que no emita una orden de protección a una mujer en situación de violencia, y qué se hará con autoridades que siguen patrones de omisión y maltrato.
La violencia y discriminación son una práctica generalizada con arraigo y permisividad social; es decir, existe un contexto grave de criminalidad en el país que provoca la muerte violenta de una mujer cada cuatro horas, seis al día, según estadísticas de 2015.
La directora de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Elvia Lucía Flores Ávalos, puntualizó que la herramienta de alerta de género, aunque es muy importante, no resuelve el problema de feminicidio.
Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, son los estados que no implementan la alerta de género, por lo que hay que buscar, precisó, que en toda la República los estados y municipios atiendan el problema de violencia contra las mujeres.
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