En la actualidad, 28 estados de la República Mexicana han modificado sus respectivas leyes de agua para permitir la participación de capital privado, con lo que cambia el objetivo de servicio público por el de privado y lucro, y el vital líquido se convierte en mercancía.
Al denunciar lo anterior, Eduardo Hernández Hernández, integrante de la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua, calificó de desastrosa la política privatizadora de los sistemas operadores de agua potable que inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, continuó con Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y sigue vigente con Felipe Calderón.
El gobierno mexicano que desde 1924 era el principal promotor, constructor, gestor y operador de la infraestructura hidráulica conformada por cuatro mil 741 presas de almacenamiento, de las que sobresalen 63 por su capacidad receptora superior a los 100 millones de metros cúbicos de agua; 86 distritos de riego con 5.6 millones de hectáreas; 39 mil unidades de mediano y pequeño riego, y un gran número de sistemas de abastecimiento, se está desatendiendo de ello.
En un amplio documento que entregó a Mi Ambiente, Hernández Hernández precisa que con la reforma al Articulo 27 Constitucional que llevó a cabo Salinas de Gortari, y la expedición de una nueva Ley de Aguas Nacionales, se eliminó el orden histórico y tradicional de los usos del agua.
En la actualidad, en lugar de proteger de la sobreexplotación los mantos acuíferos existentes y atender las necesidades prioritarias de la población en el suministro de agua, el gobierno federal presta mayor atención a las demandas de las empresas transnacionales del agua y las condiciones del Banco Mundial, organismo por el que se creó la Comisión Nacional del Agua.
La pérdida de soberanía sobre la explotación, control y administración del recurso, inició en 1990, cuando se otorgó la primera concesión gubernamental para que la empresa argentina Desarrollos Hidráulicos tomara el control sobre las aguas nacionales del municipio Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, en sociedad con el Grupo Mexicano de Desarrollo, del empresario mexicano Claudio X. González.
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