A 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, OXFAM y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) externan su preocupación al gobierno federal por el posible retroceso a los derechos de las mujeres, particularmente luego de los recientes ajustes presupuestales y programáticos de la administración sobre los programas de estancias infantiles para madres trabajadoras. Estas acciones han prolongado la incertidumbre y expectación en miles de mujeres, niñas y niños que recurren a estos servicios; además éstas medidas revelan procesos de poca transparencia en la toma de decisiones, falta de sustento y nula participación de comunidades afectadas y personas expertas.
Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ambas organizaciones proponen que se asegure el funcionamiento de estancias infantiles, refugios y cualquier otro servicio otorgado o subsidiado por el Estado, en tanto se realizan mejoras a las políticas y programas de atención dirigidos a la protección y garantía de derechos de las mujeres y de la infancia. Las mejoras deberán incluir evaluaciones periódicas y medición de impacto, así como contar con un modelo de participación de las organizaciones, la ciudadanía y los grupos y comunidades afectadas.
Ambas organizaciones exhortan al gobierno en sus tres niveles a abrir espacios de diálogo con estos actores para identificar la brecha de atención y la capacidad institucional requerida para diseñar programas, políticas y acciones que cuenten con financiamiento y una ruta crítica para fortalecer la capacidad del Estado en la provisión de servicios de cuidado y atención a la violencia de género. Esto facilitará la integración de sociedad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
A fin de erradicar la violencia contras las mujeres, fortalecer el acceso a cuidados de calidad y atención a la niñez, y en general, no retroceder en cuanto a los derechos de las mujeres se requiere que las decisiones de política pública tomen en cuenta la justicia de género, la transparencia, la participación amplia de la sociedad y la capacidad institucional.
Exigimos que el Estado Mexicano cumpla la obligación de implementar un sistema público de cuidado[1], así como establecer medidas de protección para las mujeres que viven violencia y sus hijxs. Un gobierno comprometido con revertir las condiciones de desigualdad y marginación estructural, diseñe e implemente planes de corto, mediano y largo plazo dirigidos a establecer medidas para garantizar la continuidad de estos servicios, que benefician fundamentalmente a las mujeres de bajos recursos.
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