La participación política femenina aún es un reto, ya que queda mucho trabajo para cerrar las brechas de género que alejan a las mujeres mexicanas de una igualdad sustantiva, aseguró Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Al participar en el Foro “Por una mayor Participación Política de las Mujeres”, en el Estado de México, la funcionaria federal subrayó que hoy, los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, los partidos políticos, los organismos electorales y la sociedad tienen la obligación de responder al desafío de incrementar la participación política de las mujeres, no sólo porque es un derecho que les corresponde, sino porque el desarrollo y el bienestar de la nación así lo exigen.
Subrayó que se requiere el apoyo de todas y todos los actores de la vida del país para que más mujeres estén en los espacios donde se discuten los grandes problemas, pues es necesario posicionar firmemente la agenda de género.
Desde 2011, recordó, el Inmujeres, organizaciones de la sociedad civil y ONU Mujeres trabajan en la Iniciativa Suma Democracia es Igualdad, con el objetivo de construir una agenda política con igualdad sustantiva, impulsando que más mujeres se integren a puestos de decisión, a candidaturas y a cargos de elección popular.
“Estamos trabajando en la iniciativa Suma porque necesitamos más diputadas, más senadoras y presidentas municipales, más síndicas y regidoras comprometidas con la agenda de las mujeres a nivel local, nacional e internacional”, puntualizó Cruz Sánchez.
El desafío de esta iniciativa en las entidades, dijo, es que más mujeres nos representen no sólo como candidatas, sino ejerciendo el cargo para el cual se postularon, defendiendo iniciativas y propuestas sólidas con perspectiva de género.
Además señaló que cuando las mujeres llegan al poder no se olvidan de que hay muchas más esperando una oportunidad para poder participar en los puestos de representación popular.
Subrayó que también es una responsabilidad que comparten las autoridades electorales y partidarias, porque el equilibrio entre mujeres y hombres en candidaturas y cargos de elección popular es un mandato de ley y un imperativo ético imposible de evadir.
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