Hace días la Cámara de Diputados con 292 votos a favor, una abstención y 100 en contra, aprobó reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con lo que supuestamente se otorgaría el derecho de movilidad universal a toda persona, asegurando los principios de igualdad accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
No obstante, el Senador Alejandro Encinas señaló que la aprobación de esta iniciativa, sobre “movilidad social” fue rescatada de forma sorpresiva por el PRI y PAN, después de que fuera avalada el 24 de abril pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales y fue un acto de falta de sensibilidad ponerla a consideración de los legisladores precisamente en medio de las multitudinarias manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Para el senador perredista estos cambios a los artículos 11 y 73, en donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para limitar el derecho a la libre manifestación y acusó que con estos trapicheos se abre la puerta a una justificación para ejercer represión.
Hizo referencia a las declaraciones de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 quien manifestó que “no es el momento político para aprobar este dictamen, pues con estas medidas se extiende la crispación social.
El activista hace énfasis en que México enfrenta una crisis de Estado, por lo que la ciudadanía debe ser consciente y responsable y cerrar el paso a toda tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles de todo el país”, concluyó.
Subrayó que el titular del ejecutivo federal ha criminalizado la protesta social desde su gobierno en el Estado de México. La represión en Atenco fue una muestra contundente de su manera de atender los reclamos sociales. El 1 de diciembre de 2012 inició su gobierno con detenciones arbitrarias, justificadas por el “vandalismo” de presuntos anarquistas.
A esta jornada le siguió la criminalización de las protestas de los maestros de la CNTE que se extendieron durante casi todo 2013. Ahora, frente a la crisis de Ayotzinapa, vuelve a reproducir la misma estrategia al infiltrar las movilizaciones pacíficas con provocadores y generar miedo y persecución contra los disidentes y ciudadanos en general lo que lejos de atender y mitigar la protesta social, ésta ha crecido.
El “decálogo” del pasado 27 de noviembre demostró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad de todos los niveles. Propuso lo mismo que se rechazó durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsa una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios, refirió.
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