El nuevo proceso para emitir una alerta de violencia de género permitirá que ahora sí se decrete esta figura jurídica y se protejan los derechos humanos de las mujeres, aseguró Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Así lo informó la dependencia mediante un comunicado en donde dijo, que la alerta de violencia de género ha sido concebida como un mecanismo protector de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia y como un mecanismo emergente de intervención del Estado, no como un elemento de sanción.
Navarrete Gutiérrez aseguró que el nuevo reglamento es producto de un consenso amplio entre diversos sectores y recoge la exigencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil de hacer efectiva la alerta de género.
Reconoció que esta figura se llegó a considerar como una imagen decorativa de la ley e incluso pasó por un proceso de satanización, que provocó un amplio desgaste para las Organizaciones de la Sociedad Civil, que promovieron algunas solicitudes.
Sin embargo, destacó, el nuevo reglamento permitirá que por fin se aplique la alerta de género y contribuye a cumplir las recomendaciones que ha recibido el país por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, para hacer efectiva esta figura.
Detalló que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado por los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres y nueve dependencias federales, entre ellas el Inmujeres, ya no decidirá si procede la alerta de género o no; ahora será un grupo de trabajo conformado por dos académicas locales, dos académicas nacionales, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; un representante del Instituto; uno de la CONAVIM y uno del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad donde se pretenda aplicar la alerta de violencia de género.
Con este mecanismo, aclaró, podrá emitirse en un plazo de tres días, como medida cautelar, recomendaciones al Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa correspondiente, para hacer frente a la situación de violencia contra las mujeres de la zona señalada.
Además, tendrá 30 días para emitir un informe que contenga medidas de acción, frente a las cuales el gobierno local tendrá un plazo de 15 días para aceptar o rechazar el informe. En caso de negarse a aceptar las recomendaciones, se emitirá la alerta de violencia de género en un plazo no mayor a cinco días naturales. Cuando se acepte el informe, dispondrá de un plazo de seis meses para implementarlas, al término del cual, si el Grupo de Trabajo considera que no se implementaron, la Secretaria de Gobernación, emita la alerta en un plazo no mayor a diez días naturales.
Navarrete Gutiérrez advirtió que la intención final de la declaratoria de alerta, es revertir patrones de comportamiento no de una década, sino ancestrales, profundamente arraigados en las costumbres políticas, ideológicas y sociales del país.
Este nuevo procedimiento, concluyó, será una palanca de transformación social donde se dé prioridad a la prevención de la violencia hacia las mujeres.
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