La transparencia y el acceso a la información pública gubernamental no debe estar sujeto a la voluntad de autoridad alguna, indica la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La central patronal considera que al clasificar las obras prioritarias de este gobierno como de Seguridad Nacional, logra el gobierno el efecto de que se reserve todo lo relacionado a las mismas, incluyendo contrataciones públicas y fallas en planeación y ejecución del gasto, lo cual vulnera el derecho humano y favorece la opacidad, violando el derecho de acceso a la información pública gubernamental consagrado en la Constitución.
Se daña el principio de máxima publicidad. Mismo efecto genera la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en mayo pasado reservar hasta el 2025 la información de las compras de las 206.9 millones dosis de vacunas AntiCovid.
Mismo criterio de opacidad se refleja en la reforma al artículo primero de la Ley de Adquisiciones realizada de manera muy forzada en el Congreso de la Unión, para exceptuar de los procesos de contratación y transparencia, las compras relacionadas con salud, cuando sociedad civil, academia y organismos empresariales alertamos, que tal reforma era una reforma para provocar opacidad.
Se citó tres ejemplos que merecen la pena resaltar para alzar la voz y expresar contundentemente que, ni la “seguridad nacional” ni la pandemia pueden ser argumentos para abusar de excepciones que atenten contra de la transparencia en el ejercicio del gasto público y el ejercicio de facultades de nuestras autoridades.
En el orden estatal, si bien aún existen áreas de oportunidad, se debe reconocer que ha habido avances en los últimos años en materia de transparencia presupuestal y ello es importante puesto que los gobiernos estatales ejercen un tercio del gasto público.
Según el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el cumplimiento promedio en el reporte de la información presupuestal pasó de 53 por ciento en 2008 a 93 por ciento en 2022 y en esta última edición del BIPE 2022, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100 por ciento.
Deben seguir los esfuerzos en las entidades federativas para que los órganos garantes logren que sus resoluciones sean cumplidas y seguir impulsando que se publique la información sobre contrataciones públicas, deuda pública, salarios y plazas del personal, información de los fideicomisos y hacer más accesible la información para la ciudadanía, además de ser oportuna y actualizada.
Las conductas de opacidad impactan también el clima de certidumbre en los negocios en el país e impide el florecimiento de los ya existentes y la atracción de nuevas inversiones privadas nacionales y extranjeras.
El informe “Declaraciones sobre el Clima de Inversión en 2022: México”, publicado en julio pasado por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos expresó “preocupaciones” respecto al compromiso del Gobierno mexicano con la transparencia.
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