La llegada de la temporada de huracanes coloca a México, de nueva cuenta, ante estos fenómenos naturales que acaban golpeando a miles de habitantes pobres que pierden su patrimonio, situación que, año con año, se repite por diversos factores aparejados que van de asentamientos humanos en sitios de consabido peligro a omisiones de gobiernos estatales y federal en la atención a tiempo con acciones que no sólo ayuden a damnificados, sino que los prevengan de esos daños.
Las pérdidas materiales por tales fenómenos (huracanes, sismos, inundaciones, etc.) conllevan infinidad de gastos económicos, que, en datos del Banco Mundial (BM), sumaron más de 18 mil millones de dólares en 92 países en la última década.
Los peligros naturales que acechan a México, aparte de los huracanes que cada año se presentan, incluyen una franja de tierra que va desde Puerto Vallarta, Jalisco, hasta Tapachula, Chiapas, donde se concentra la zona crítica de mayores movimientos sísmicos del país y que mantiene promedios anuales de mil temblores de todo tipo de intensidad y que en 2011 registró más de 4 mil movimientos telúricos.
En entrevista con Mi Ambiente, Iván Barreiro Díaz, catedrático de la Dirección de Construcción del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Ciudad de México, dijo que hace falta una adecuada comunicación entre gobierno y sociedad. Puso como ejemplo que, año con año, se aprecian daños, por lo regular en comunidades de escasos recursos, ubicadas de forma precaria en zonas de riesgo y que ante el apego cultural a la tierra, construcciones endebles, deforestación, etc., los huracanes pegan con gran fuerza ocasionado graves afectaciones.
Indicó que “tenemos muchas cosas que inciden y eso genera el problema (daños a la población), por lo tanto, debemos tener un plan de regulación de forma controlada de nuevos asentamientos para que se instalen fuera de zonas de peligro y mejorar tanto el uso de materiales de construcción como sus condiciones de vida”.
Las condiciones orográficas del país hacen que muchos habitantes estén en sitios de riesgo, lo cual debe convocar a un trabajo conjunto de autoridades y sociedad para el cuidado del entorno sin dañarlo por la deforestación y ganadería. Tienen usar otras prácticas que vayan en armonía con su entorno y fomentar programas de mejora de la condición de vida de las personas en asentamientos irregulares y, en los casos que se requiera, usar mecanismos de diálogo para su reubicación.
Enfatizó que debe desterrarse el juego político de quitar unos asentamientos y poner a otros, actitud que, dijo, debe terminarse. “Sabemos que es complicado por las costumbres de arraigo a la tierra y por necesidad, pero tiene que establecerse un convencimiento consensuado de movilidad de poblados en peligro”, señaló.
Especificó que la prevención civil es una labor generalizada de todos los sectores, ya que no sólo es cosa de que el gobierno federal realice campañas publicitarias al respecto, sino que la población las atienda. “La cadena se rompe por lo más delgado y la comunicación gobierno-sociedad no se está dando, como es la reubicación de personas, esto es un punto que tiene que ver con lo social que debe ser atendido con premura”, manifestó.
DF-EDOMEX, UN DESASTRE
Pese a que México es distinguido por el BM por tener el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), basado en instrumentos financieros de mercado, este mecanismo es de atención posterior al siniestro; por lo que la Ciudad de México y su zona conurbada no se cuenta con un sistema de prevención de desastres antes de la temporada de huracanes, heladas e incendios.
En esta región, denominada en términos generales como Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se tienen riesgos de diversos tipos, agrupados en cinco categorías: geológicas (sismos), hidrometeorológicas (lluvias torrenciales por Cambio Climático), sociorganizativas (manifestaciones), químico-tecnológicas (incendios, fugas, explosiones) y sanitario-ecológicas (contaminación, epidemias, tiraderos), lo cual deriva en la necesidad de trabajar de forma multidisciplinaria para su atención.
Sin embargo, pese a lo que las autoridades estatales indiquen sobre el poco riesgo que puede padecer la población, son diversos los conflictos con baja atención gubernamental. De inicio, el Atlas de Riesgos del Distrito Federal no es de acceso público, situación que al partido en el gobierno capitalino (PRD) le ha acarreado un sinfín de críticas por esta cerrazón informativa.
Otro problema que padece el DF es la existencia de entre 9 mil a 11 mil edificios que no cumplen las medidas de protección civil ante presencia de siniestros, debido a la falta de publicación del reglamento de la Ley de Protección Civil que tiene dos años de atraso, lo que la autoridad capitalina no ha previsto, pese al Cambio Climático.
A la falta de cultura de la prevención de las propias autoridades capitalinas, se suma la poca asignación de recursos. El Gobierno del DF (GDF) en 2011 otorgó a la Secretaría de Protección Civil sólo 154 millones de pesos, presupuesto que para el 2012 cayó 13 por ciento, para ubicarse en 132 millones de pesos.
DESASTRES NATURALES, PÉRDIDAS POR 380 MMDD, EN 2011
El BM dio a conocer que ningún país, desarrollado o subdesarrollado, está a salvo de peligros naturales. Su presidente, Robert Zoellick, informó que en 2011, las pérdidas por desastres naturales contabilizaron un monto estimado en 380 mil millones de dólares. Abundó que los pobres son los que más sufren cuando se presentan desastres naturales, ya que más de 70 por ciento de las viviendas afectadas son de personas de escasos recursos.
Esta publicación recogió datos en 15 países, arrojando que más del 60 por ciento de las zonas propensas a desastres naturales de distinta naturaleza (terremotos, inundaciones, sequías, entre otras), se encuentran en países subdesarrollados como México. El funcionario señaló que para el 2050 alrededor de mil 500 millones de personas estarán expuestas a desastres naturales en zonas urbanas”.
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