Exigimos garantías para defender el derecho a defender derechos humano, la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y justicia.
A casi 90 días de Gobierno de la actual administración, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha incrementado de forma alarmante. El último asesinato cometido hace dos días, en contra de Samir Flores Soberanos, indígena náhuatl originario de Amilcingo, fundador de la Radio Comunitaria de Amiltzinko 100.7 fm y principal impulsor de la organización contra el Gasoducto Morelos y todo el Proyecto Integral Morelos, se suma a las ahora ya 14 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinados desde la toma de posesión del actual Gobierno, el pasado primero de diciembre.
Las descalificaciones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas elevan su riesgo dejándolas en condiciones de vulnerabilidad frente a ataques como los que vivió Samir y ahondan más en las condiciones de riesgo que ejercen la labor estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones. Ante esta situación que enfrentan estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice declaraciones que no estigmaticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas o sugieran que las organizaciones de la sociedad civil actúan incorrectamente o ilegalmente. Al contrario, es necesario que se reconozca la importancia y el papel fundamental de las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de paz, tal como lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de forma conjunta.
Recordamos y lamentamos que dos de las personas asesinadas eran beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, circunstancias que dan cuenta de la ineficacia de los medios adoptados para erradicar las fuentes del riesgo y proteger adecuadamente a las personas que recurren a la protección estatal. El Estado tiene el deber de respetar la labor de defensa de derechos humanos y libertad de expresión, prevenir agresiones, proteger personas defensoras y periodistas, investigar agresiones y reparar daños a la integridad física y moral.
El Espacio OSC ha emitido diferentes llamados al gobierno entrante en donde ha manifestado la necesidad de realizar un viraje en la actual política de protección hacia un sistema más integral que aborde los problemas estructurales de la violencia que sufren estas personas, colectivos, comunidades y organizaciones que defienden derechos humanos.
Por tal motivo, exhortamos al Estado mexicano a:
- Proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde un enfoque de protección colectiva, brindando las medidas y planes de protección acordes a las necesidades y riesgos de los que personas defensoras de derechos humanos y periodistas son víctimas.
- Reconocer la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y comunicadores comunitarios en la difusión de las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios y reconocer las exigencias de sus luchas y la protección de su tierra y territorio.
- Reconocer públicamente que proteger y promover los derechos humanos son acciones legítimas que fortalecen el estado de derecho y la democracia.
- Iniciar un diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de mesas de trabajo con instituciones de las tres ramas del poder público y autoridades de todos los niveles de gobierno, para la discusión y construcción de una Política Pública Integral en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que aborde los problemas estructurales de la situación de violencia.
- En el caso de las investigaciones de delitos cometidos contra las y los periodistas, que las autoridades locales así como la Fiscalía General de la República para que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) se apeguen a los lineamientos establecidos en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Esto incluye el agotamiento las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística, incluyendo un análisis exhaustivo del contexto de la región donde ocurrieron los hechos y que tome en cuenta los antecedentes de amenazas y agresiones. Es indispensable que se actúe con celeridad para identificar a las personas responsables materiales e intelectuales de este crimen contra la libertad de expresión.
Personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinados a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno, a partir del 1 de diciembre de 2018:
- Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista asesinado en Nayarit el 1 de diciembre de 2018.
- Diego García Corona, periodista asesinado en el estado de México el 5 de diciembre de 2018.
- Manuel Martínez Bautista, indígena náhuatl, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Yahualica, Hidalgo el 24 de diciembre de 2018.
- Sinar Corzo Esquinca, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Chiapas, el 3 de enero de 2019.
- Noé Jiménez Pablo, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
- José Santiago Gómez Álvarez, defensor de derechos humanos ejecutado extrajudicialmente en Amatán, Chiapas, el 19 de enero de 2019.
- Rafael Murúa Manríquez, periodista comunitario asesinado en Baja California Sur entre el 19 y 20 de enero de 2019.
- Gustavo Cruz Mendoza, defensor de derechos humanos asesinado en Oaxaca el 20 de enero de 2019.
- Bernardino García Hernández, defensor de derechos humanos asesinado en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca el 21 de enero de 2019.
- Estelina López Gómez, defensora de tierra y territorio asesinada en la comunidad de Santo Tomás, en Chiapas, el 23 enero de 2019
- Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, periodista, asesinado en Villahermosa, Tabasco el 9 de febrero.
- Óscar Cazorla López, activista muxe y defensor de los derechos para el colectivo LGBTI, asesinado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 9 de febrero
- Reynaldo López Salas, locutor de radio asesinado en Hermosillo, Sonora, el 16 de febrero.
- Samir Flores Soberanes, defensor de derechos humanos y periodista comunitario náhuatl, asesinado en Amilcingo Morelos municipio de Temoac, el 20 de febrero.
Las organizaciones que integran el Espacio OSC:
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México
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