“El que contamina paga”. Ésto se debe aplicar a los propietarios de automóviles particulares, por lo que los hombres poderosos, los de los billetes en el país, los del Consejo Coordinador Empresarial, demandan al gobierno federal imponer un nuevo impuesto verde de 5 pesos por cada litro de gasolina y diésel que se consuma.
La justificación de tal demanda, dicen, se debe a que del 2000 al 2010 (según estadísticas de la Semarnat), el número automóviles particulares aumentó más del cien por ciento, al pasar de 9 millones 786 mil a poco más de 21 millones; lo que significó una tasa media anual de crecimiento del 7.9 por ciento.
Si esto no se remedia, creciendo al 5 por ciento anual, hacia el año 2035 se estaría sintiendo el efecto de 70 millones de vehículos particulares. Esta perspectiva es, simplemente, pavorosa. No hay forma de financiar la infraestructura que esto va a requerir, y al mismo tiempo, enfrentar las necesidades de la población en general que requerirá más agua potable, saneamiento, salud, educación, entre otras; y de las empresas, en puertos, aeropuertos, carreteras, tecnología.
El impacto de esta proyección no sólo en las emisiones de contaminantes (aun suponiendo que la ciencia avanza y llegamos a tener vehículos menos contaminantes directos), sino en especial en las congestiones vehiculares, y en los accidentes, será por demás, formidable.
Se destaca que solamente en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan alrededor de 22 millones de viajes diarios. Si estos viajes duran en promedio media hora más que lo que lo harían si no hubiera congestión, entonces esto se traduce en una pérdida por congestionamiento vehicular equivalente a 100 mil millones de pesos al año, solamente en tiempo.
Además, habría que agregar el costo social por enfermedades procedentes de la contaminación adicional, así como mayor cantidad de accidentes y robos que ocurren debido al volumen del tráfico de vehículos en esta ciudad de México que crece de manera exponencial.
De acuerdo con el trabajo realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del Consejo Coordinador Empresarial, calcularon que para mitigar el efecto de estas “externalidades” negativas, ocasionadas por el excesivo uso de vehículos particulares, se debería establecer un sobreprecio de alrededor de 5 pesos por litro de combustible en México, con el propósito de dedicar esa recaudación del impuesto verde a modernizar y subsidiar el transporte público, así como a mitigar los daños en salud y ambientales.
Como el que contamina paga, los combustibles no pueden ser baratos y es más, tienen que compensar a la sociedad por el extraordinario daño que ocasionan tanto en el tiempo de traslado de millones de obreros, empleados, estudiantes, amas de casa, que todos los días tienen que usar las “micros”, como por el mayor número de accidentes y de contaminación que ocasiona.
Desde luego que los hombres de los negocios en México están conscientes que su demanda molestará al consumidor directo de combustibles porque verán esto como una afrenta y lo resentirá en su cartera, pero los millones de personas que tienen necesariamente que usar el transporte público verían lo anterior como un extraordinario beneficio.
SUBSIDIO
Se explica que en los últimos años, la política del gobierno federal significó vender combustibles en México a un precio inferior al de importación de referencia, lo que condujo a otorgar subsidios que significaron verdaderas fortunas, que podrían haberse usado para llevar a cabo una verdadera política moderna de transporte de calidad para personas en todas las ciudades del país. El subsidio incentivó aún más la compra de automóviles particulares.
También es cierto que a partir de mayo, el precio de la gasolina en México es más alto que en Estados Unidos. Eso representa un importante beneficio para las finanzas públicas, toda vez que de seguir esta tendencia, así como la baja del precio internacional del crudo y la expectativa de que el tipo de cambio se mantenga fortalecido durante lo que resta del año, permitiría eliminar los subsidios a los combustibles.
No hay que olvidar que el año pasado, el erario público canalizó más de 200 mil millones de pesos (1.3 por ciento del PIB) a un subsidio netamente regresivo. De mantenerse las condiciones citadas, le permite al sector público liberar una importante cantidad de recursos que bien se pueden canalizar a proyectos productivos y de beneficio social, tratando de propiciar una mejor distribución del ingreso.
Aun cuando no se subsidiara la gasolina, las externalidades negativas no desaparecen, por lo que independientemente de ello, sería razonable insistir en el impuesto. Ahora que si se consolida el hecho de que no habrá necesidad de subsidiar la gasolina en lo que resta del año, sería benéfico mantener el ajuste mensual como parte de ese impuesto verde que se menciona.
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