Rafael H. Rivera
Es un día cualquiera. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Se activa la Alerta Sísmica y las sirenas empiezan su ulular. Las brigadas se organizan y empiezan la evacuación de los edificios en Tlatelolco; en otros, por las condiciones mismas de su edificación, se procede con repliegues estratégicos. El sismo empieza a sentirse mientras faltan unos segundos para implementar por completo el operativo de los cuerpos de emergencia. Se establece un puesto de control y los informe empiezan a llegar, se establece la zona de clasificación de heridos; por otro lado, brigadistas dan cuenta de personas que están bajo su responsabilidad. Faltan algunos y se procede a su búsqueda dentro de los heridos… Así continúa la narración durante los simulacros que se realizan cada año en una de las zonas más devastadas por los sismos de 1985.
Estos movimientos telúricos fueron detonantes de una participación social solidaria que adquiere en México el nombre de Protección Civil, forma de organización que, según estudiosos en la materia, piensan que fue el ejército napoleónico el primero en instrumentar medidas de apoyo a la población civil bajo un mecanismo parecido al que definen los Tratados de Ginebra.
Los rumores son uno de los principales problemas que enfrenta la población ante un desastre natural o provocado por el hombre.
En México, se toman otros antecedentes como el desastre del pozo Ixtoc, en la Sonda de Campeche; erupción del volcán Chichonal en 1982; explosiones de San Juan Ixhuatepec en 1984 y los sismos de 1985, cuando empieza la planeación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Hay otras dolorosas experiencias que fortalecieron la idea de impulsar un proyecto que articulara los mecanismos de asistencia con los recursos disponibles ante un desastre como fueron el huracán Gilberto en 1988, los incendios forestales en Quintana Roo en 1989 y las explosiones de Guadalajara en 1992.
Sin embargo, los primeros casos de atención a la población fueron tareas que cubrió el Ejército Mexicano, a través del Plan DNIII-E, acumulando una gran experiencia que continúa aplicándose en la actualidad, ahora en coordinación con las autoridades civiles, como lo estable la Ley de Protección Civil.
A pesar de toda la experiencia acumulada de manera previa y actual, el marco jurídico pareciera que está empantanado de origen en los órganos legislativos ahora con la nueva Ley General de Protección Civil de 2012 que establece que las leyes estatales deberán homologar sus términos con respecto a la federal en un plazo no mayor a 365 días y con su Reglamento respectivo.
Los avances son grandes dado el rezago jurídico que se tiene, ya que existe un vacío legal de cerca de 34 años respecto a la norma internacional, generada en 1949.
Para compensar este rezago se creó en 1988 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el cual entra en operación hasta 1990, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Dirección General de Protección Civil, dependiente entonces de la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social. A finales de los años 90, se crea la Coordinación General de Protección Civil, a cargo de la Segob.
A partir del 2000, las tareas de Protección Civil tuvieron diferentes tratamientos por parte de los ejecutivos federal, estatales y municipales. Por un lado, se privilegia la atención a los desastres naturales, en especial los hidrometeorológicos, sin buscar la forma de prevenir con oportunidad alguna eventualidad de este tipo, como se pudo ver en el caso del Huracán Iván, cuya fase de alertamiento, según expertos, fue tardía.
En el Distrito Federal, se ha avanzado dando importancia a esta función, con la creación de la Secretaría de Protección Civil, pero el marco jurídico ha sido cambiante. Con apenas una administración y lo que va de la presente tiene ya dos leyes, un reglamento (que corresponde a la primera), una ley que está en proceso, y normatividad complementaria sin integrarse aún de manera directa al ordenamiento.
Hasta ahora, sólo hablamos de uno de los cinco fenómenos perturbadores que pueden generar un desastre sin restar importancia a los geológicos, físico-químicos, sanitarios y socio-organizativos, donde cada uno de ellos incide de manera directa en la generación de algún tipo de desastre, sea natural o provocado por el hombre.
Como ejemplo de esto último, está la referencia histórica que hace el Dr. Atl sobre una erupción del volcán Popocatépetl cuando en 1919 hubo una explosión por dinamita dándose con ello una actividad que se extendió hasta 1938. Los físico-químicos que se refieren a los riesgos que conlleva la modernidad por el manejo de materiales peligrosos y, muchas veces, tóxicos. Los socio-organizativos, en referencia directa a aquellos en los que intervienen grandes concentraciones de gente, accidentes, sabotaje y terrorismo. Finalmente, los sanitarios que son epidemias, contaminación y plagas, por mencionar sólo algunos de ellos, a los que estamos expuestos.
¿Estamos preparados?
El camino de la Protección Civil no ha sido fácil. Falta mucho por recorrer, principalmente en sensibilizar, en primera instancia, a los legisladores para dotar de leyes funcionales en materia de prevención, generando las bases para un buen registro nacional de organizaciones civiles, dedicadas a la atención de emergencias, establecer congruencia de las Normas Oficiales con la realidad económica, política y social del país, mecanismos de educación sobre los riesgos latentes en cada parte del país, buscar instrumentos que agilicen el flujo de donativos del extranjero a grupos voluntarios y organizaciones civiles reconocidas, entre otras más.
Con todo, quienes están en la constante batalla de la prevención de desastres, verdaderos héroes anónimos, merecen un reconocimiento especial por la población y de la sociedad civil, pues son pocos y con una gran responsabilidad sobre sus hombros.
Todos ellos constantemente buscan sensibilizar a la población en general, donde muchas veces se encuentran ante un clima desalentador por la pérdida de confianza a las instituciones gubernamentales, sin tomar en cuenta la gravedad del riesgo que se cierne.
La mejor forma para estar preparados no sólo es esperar a que las autoridades nos alerten sobre los riesgos, sino acudir a las Coordinaciones y Unidades de Protección Civil y buscar la orientación adecuada para prevenir desastres y generar planes familiares de autoprotección y, lo más importante, hacer caso omiso de rumores.
Antecedentes de la protección civil
Como antecedentes directos de la Protección Civil se tiene que el 12 de agosto de 1949 se suscribe en el Protocolo II de los tratados de Ginebra la figura de la protección a la ciudadanía. El artículo 61 lo define como “el cumplimiento de alguna o todas las tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes, ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son: i) servicio de alarma, ii) evacuación, iii) habilitación y organización de refugios, iv) aplicación de medidas de oscurecimiento, v) salvamento, vi) servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa; vii) lucha contra incendios, viii) detección y señalamiento de zonas peligrosas, ix) descontaminación y medidas similares de protección, x) provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia, xi) ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas, xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables, xiii) servicios funerarios de urgencia, xiv) actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo, entre otras, la planificación y la organización…”
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