Por: Yolanda Gutiérrez
El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) iniciará una jornada de lucha ante la propuesta de imponer una Ley General de Aguas que prácticamente ésta priorizando entregar en manos privadas la gestión del agua.
Lo anterior lo manifestó Clara Brugada Molina, integrante de Morena en conferencia de prensa, junto con Martí Batres Guadarrama, presidente del CEN; la diputada Ernestina Godoy Ramos; el investigador Pedro Moctezuma, entre otros, quienes manifestaron su total rechazo a la Ley que pretende imponer PRI, PAN y PVEM en la Cámara de diputados.
Indicó que existen razones para que no aceptar tal iniciativa, primero porque favorece la prestación privada en todos los ámbitos que regula la ley, “favorece que sean los privados los que se hagan cargo de extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas (toda la cadena); prácticamente establece un trato igual para prestadores privados que para los organismos públicos”.
Otra motivo es que la Ley es que limita el derecho humano al agua, “ya que sólo se tendrá derecho a 50 litros por persona diarios. Prácticamente hacen que las definiciones las encuadran para que dejen el mínimo indispensable” enfatizó.
Resaltó que el Distrito Federal no tendrá un trato igualitario en comparación de los demás Estados del país, ya que obliga a la Ciudad de México a diseñar e implementar mecanismos de pago oportuno, de tarifas y contribuciones y aprovechamiento en materia de agua, “obligan al gobierno del DF a crear comisiones metropolitanas cuando no debe de ser forzoso, esto quiere decir que violentan las leyes locales”.
Brugada Molina agregó que el inciso cuatro del Artículo 139 de la iniciativa, habla sobre la sostenibilidad financiera de los prestadores de los servicios públicos de agua y su progresiva autosuficiencia, esto significa el aumento continuo y progresivo de las tarifas de agua.
Dijo que el dictamen condiciona la entrega de fondos federales a sujetarse a una política tarifaria que sólo busca aumentar las ganancias.
“El artículo 255 de éste dictamen marca que aquellos Estados que se sujeten a esto prácticamente tendrían beneficios a fideicomisos, o de lo contrario no recibirían fondos federales, siguen violentando la autonomía de los Estados, por lo que este dictamen tiene que ser desechado” puntualizó.
En tanto, Martí Batres Guadarrama, denunció que ésta Ley solo va a favorecer a grandes compañías como el Grupo Higa, quien se encuentra construyendo el Acueducto Monterrey VI.
Resaltó que algunos gobiernos estatales se están preparando sobre el tema, “desde hace dos años se vienen hablando del cambio en la legislación del agua y por gobiernos locales se viene induciendo la privatización, como ejemplo se encuentra Puebla, en donde existe una gran represión a luchadores sociales que se han manifestado en contra de la privatización; otro caso es el de Nuevo León, en donde el gobierno se dispone a entregar grandes líneas de la cadena del servicio a empresas para la construcción de infraestructura; otro caso más es en Quintana Roo donde empresas privadas han llevado la elevación del costo de tarifas de agua potable”.
Batres Guadarrama manifestó que las consecuencias del proyecto de la privatización ya se han hecho sentir, una de esas consecuencias es la represión a quienes se oponen a que entren los grandes intereses económicos al servicio del agua, se les ha tratado con mano dura, incluso con cárcel como ocurre en Quintana Roo.
Alertó sobre los riesgos que conllevan para el Distrito Federal, ya que sería una de las más afectadas por esta legislación, porque se sometería a la ciudad de México a una “metropolitización”.
Señaló que Morena darán la batalla en tres frentes: en debates de ideas, dentro de la Cámara, y en la calle, realizando movilizaciones de forma pacífica.
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