Como parte de las acciones para mejorar la calidad de la visita pública, entre 2014 y 2015, en ocho zonas arqueológicas abiertas al público, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hizo la renovación de la señalética y el cedulario temático, estas labores continuarán este año en Cacaxtla-Xochitécatl, en Tlaxcala; Xochicalco, en Morelos; y Dzibilchaltún, en Yucatán.
En el centro del país, sitios como Malinalco (Estado de México) y Tlatelolco, en la capital mexicana, cuentan con un sistema señalético renovado e información actualizada en el mobiliario dispuesto a lo largo del recorrido. Esta infraestructura también se tiene en zonas arqueológicas del Occidente como Ixtlán del Río (Nayarit) y Las labradas (Sinaloa); del norte, caso de Boca de Potrerillos (Nuevo León) y Paquimé (Chihuahua); en el área del Golfo de México como Cuyuxquihui (Veracruz), y en la Península de Yucatán, donde Tulum (Quintana Roo) es un claro ejemplo.
Estas tareas forman sólo una parte de la modernización de infraestructura operativa y de servicios en zonas arqueológicas, uno de los aspectos que involucra el Plan de Manejo, documento rector para la gestión y desarrollo de un sitio patrimonial.
Al respecto, el arqueólogo Antonio Huitrón Santoyo, director de Operación de Sitios del INAH, informó que de las 181 zonas arqueológicas abiertas a la visita pública (las siete cuevas de la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur se contabilizan como una sola), 123 cuentan con Plan de Manejo. Lo que representa casi 70 por ciento de avance (67.95) en la materia.
Ha sido un proceso largo si se considera que los primeros planes comenzaron a establecerse a mediados de los años 90, intentando coordinar la operación de sitios patrimoniales tan importantes y complejos como las cuevas de la Sierra de San Francisco, donde miembros de las propias comunidades son los guías; o Monte Albán, en Oaxaca, cuyo Plan de Manejo ha sido un éxito y ejemplo para la implementación de otros en el país.
Posteriormente, en la primera década de este milenio se aterrizaron los planes de manejo de 17 zonas arqueológicas más, por citar algunas: El Tajín, Tula, Calixtlahuaca, Cholula, Tlatelolco, Xochicalco, Malinalco, Chalcatzingo, Yagul, La Venta, Calakmul y Tulum. En el último lustro se logró la formulación de este documento en 102 sitios más, con directivas adecuadas a su problemática a través de planes de manejo específicos.
El redireccionar la operación debe partir justamente de la comprensión de los sitios con relación a su entorno natural y social, comenta Antonio Huitrón, es decir, “se necesita implementar una política que genere las condiciones para que el patrimonio arqueológico puesto en valor se conduzca hacia una mayor y mejor investigación que afiance el conocimiento del mismo; en el desarrollo de una infraestructura que cumpla los requerimientos de los visitantes, en el entendido de que los sitios son lugares para la educación y la cultura, pero también para la recreación.
Dijo que “hay que reconocer la importancia de cuidar bien estos sitios, frente a su apertura al público y los retos que conlleva, desde la gestión de los visitantes mismos (en el caso de aquellos con una afluencia importante), el mejoramiento de las rutas y la actualización de la señalización, hasta la dotación de mejores servicios. Esto tiene que ver con una política de observación y atención detallada, pero sostenida, de lo que implica la responsabilidad de tener zonas arqueológicas abiertas”.
En los últimos dos años se renovó la señalética de servicio, orientativa y restrictiva de once zonas arqueológicas, seis de ellas en Veracruz, y en este 2016 se hará lo mismo (señalización primaria) en seis sitios más: Dzibanché, Kohunlich, Muyil, Oxtankah y San Gervasio, en Quintana Roo; y Tetzcotzingo, en Estado de México.
A la par de estos cambios para la orientación y conocimiento participativo del visitante (la información de las cédulas apela a su curiosidad), el Plan de Manejo también incluye la regularización del régimen de propiedad, y proveer el marco jurídico que ordene y oriente las acciones de conservación y manejo sostenible del patrimonio cultural y natural del sitio, mediante la concertación entre los sectores públicos y la sociedad.
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