Expertos en movilidad y seguridad vial, se reunieron en el World Resources Institute (WRI) México, para hacer un llamado urgente al poder ejecutivo para lograr la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial, la cual se encuentra en dictamen en la Cámara de Diputados. Insistieron en que cada minuto sin esta ley es mantener un riesgo latente a las vidas de miles de mexicanos.
Expertos señalaron la importancia de la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial, que permitiría homologar leyes, reglamentos y normas a nivel nacional, con el objetivo de reducir la gravedad y frecuencia de los hechos de tránsito. Destacaron que cada día fallecen 44 personas y 86 resultan lesionadas en estos incidentes (el 75% de las personas con discapacidad adquirida fue causada por un hecho vial). Tan solo en el año 2016 se registraron más de 360 mil hechos viales a lo largo de todo el territorio nacional, según INEGI 2016
Ante este panorama, Adriana Lobo, directora ejecutiva de WRI México, comentó que “la seguridad vial debe ser una prioridad nacional para avanzar de manera permanente y sistemática en la reducción de incidentes a través de un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno”.
Declaró que los accidentes de tránsito ocurren en todo el país, no son exclusivos de uno u otro estado, “de las grandes ciudades o de las pequeñas. Los accidentes están presentes a lo largo y ancho del país y sin embargo las acciones para prevenirlos son aisladas, atomizadas y dependientes de la prioridad que define cada municipio”, agregó Lobo.
“Estamos tarde en México en la aplicación de LGSV, en varios países de América Latina ya están funcionando agencias de seguridad vial desde hace años”.
Fernanda Benfield, directora de México Previene A.C., desde donde impulsa la Red de Sobrevivientes Viales, explicó que “la falta de homologación (nacional) complica los procesos para las víctimas”. Además, de acuerdo con Salvador Saavedra, experto en normativa de autotransporte, “actualmente en México existen 36 reglamentos de tránsito distintos e, incluso, contradictorios entre sí”.
“La seguridad vial sufre de multiplicidad de funciones y ausencia de responsabilidades lo que dificulta su correcta aplicación”, agregó Marco Priego, director de movilidad de WRI México.
Asimismo, Francisco de Anda, director de Movilidad y Desarrollo México (MDM) y especialista en seguridad vial, comentó que la importancia de la agencia nacional de seguridad vial que propone esta ley “permitiría replantear el modelo de tránsito de alto riesgo, hacia un sistema de movilidad mucho más seguro”, haciendo énfasis en la necesidad de ver la seguridad vial como un sistema retomando los cinco pilares (Gestión de la Seguridad Pública, Infraestructura Vial, Vehículos más seguros, Usuarios más seguros, y Respuesta tras accidentes) del Decenio de Acción por la Seguridad Vial para fincar responsabilidades empezando por el gestor del sistema, la infraestructura, los sistemas de seguridad de los vehículos, y no solamente como responsabilidad de los usuarios.
Por otra parte, mencionaron la relevancia de que esta ley plantea contar con un Fondo Nacional de Seguridad Vial que permita la operación de la Agencia y la implementación de acciones respecto a la Seguridad Vial en los estados y municipios, actualmente no hay un presupuesto federal específico administrado por los estados para reducir los hechos de tránsito, primera causa de muerte en niños y jóvenes en el país.
Por último, destacaron que actualmente la LGSV ha sido respaldada por más de 120 diputados de diversas instancias políticas, además de contar con la pre-dictaminación favorable de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por lo que están en proceso de revisión en las comisiones de Desarrollo Urbano y Gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Sin embargo, pese a la magnitud de este problema de salud pública, ninguna institución federal relacionada con el Consejo de la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes (CONAPRA) ha mostrado una agenda contundente para promover y respaldar esta iniciativa de ley.
“Los hechos viales son un problema de salud pública, con cifras comparables a los 24 mil homicidios anuales* y las 12 mil 800 muertes por crimen organizado** ¿Qué estamos haciendo en materia de Seguridad Vial y cuánto recurso estamos asignado para prevenir este problema nacional? apuntó Adriana Lobo; “ninguna muerte por hechos viales es tolerable”, finalizó Francisco de Anda.
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