Un eventual decreto o acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sería inconstitucional, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de la Carta Magna, “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La central patronal advierte que, de mantenerse la intención del Presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución.
El camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia; que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta, pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden.
Desde el observatorio ciudadano, Guardianes de la Constitución, donde Coparmex y los colegios de abogacía tienen una alianza, señalan con puntualidad cualquier desviación, incumplimiento o acción de inconstitucionalidad que se presente en el país, pues espera que siempre se siga el camino de la legalidad.
En el país se vive una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos; es decir, 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales.
Por lo anterior y de acuerdo con el análisis realizado en las Comisiones de Trabajo de Coparmex, este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Actualmente las instituciones militares en el país encabezan tareas de combate al narcotráfico e incautación de estupefacientes y lo deseable es que cuente, además, con instituciones policiales sólidas a nivel estatal y municipal, que ejerzan funciones preventivas, reactivas y de investigación, donde la intervención de las fuerzas federales sea complementaria y subsidiaria y no de sustitución.
La Coparmex está convencida que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabe que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares.
El Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista, se denunció.
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