La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su desagrado por el avance en el Senado de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, cuyo dictamen fue aprobado por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda y que, de ser avalado por el pleno, significaría un retroceso legal y una vuelta hacia la centralización.
Esta reforma pretende eliminar la participación de la FGR en los grupos, juntas de gobierno y comités o comisiones, o bien la representación de programas de organismos de derechos humanos y personas vulnerables, bajo un malentendido concepto de autonomía.
El dictamen que se prevé sea discutido esta misma semana, elimina, entre otros, el mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ejemplo.
Por lo que toca al Consejo Ciudadano, lo deja como un órgano sin fuerza, únicamente para emitir opiniones, eliminando con ello los contrapesos internos al Fiscal General y acrecentando la centralización de poder. Desde Coparmex reiteramos nuestro llamado para privilegiar una discusión profunda, en la que participen y sean escuchadas las voces de los organismos internacionales, colectivos, defensores de derechos humanos y víctimas.
Se denunció que la desatención de la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortó en diciembre pasado al Estado mexicano a no aprobar una nueva ley, y propuso en cambio, que se solicitara el apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, para la construcción del modelo institucional de la nueva FGR, a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
Por su parte, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Senado de la República en la que advertía que esta reforma podría representar una amenaza a la independencia de la Fiscalía. En el último Examen Periódico Universal al que se sometió nuestra nación en 2018, diversos países formularon recomendaciones en el sentido de implementar cabalmente la reforma constitucional de 2014, para crear fiscalías verdaderamente autónomas e independientes y fortalecer la profesionalización.
Entre las limitaciones que posee el proyecto se encuentran las siguientes: Niega la justicia transicional de los derechos de verdad, justicia y reparación; rechaza la colaboración interinstitucional, al exigir el mando y conducción del Ministerio Público sobre las policías y de la Guardia Nacional; no hay una independencia y autonomía de los y las fiscales, pues impone un mecanismo de subordinación; elimina el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; elimina al Consejo Ciudadano en el organigrama de la Fiscalía y también a la Unidad de Género de la FGR en medio del reclamo de violencia hacia las mujeres.
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