La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), presentó el Acuerdo de Escazú, con la finalidad de compartir y analizar sus elementos sustantivos entre el personal de la Semarnat y sus órganos desconcentrados y descentralizados.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica), tiene por objeto luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La bienvenida estuvo a cargo de Agustín Ávila Romero, coordinador general del Cecadesu, quien afirmó que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado plenamente por el gobierno mexicano y plantea la necesidad de que los actores cuenten con información pública sobre los impactos ambientales de los proyectos que se desarrollan. Asimismo, enfatizó la necesidad de la participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales y, sobre todo, en la construcción de mecanismos para la protección de los defensores ambientales.
En su intervención, Olimpia Castillo Blanco, de la Iniciativa de Acceso México y Coordinadora General de Comunicación y Educación Ambiental A.C., presentó los antecedentes, acciones y alcance del Acuerdo de Escazú. En especial destacó la importancia de la aplicación del Artículo 9, que refiere a la protección de las personas defensoras del medio ambiente, propuesta inédita de la sociedad civil.
El 27 de septiembre de 2018, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 países firmaron el Acuerdo de Escazú y durante dos años quedó abierto a firma. Actualmente 24 países han firmado el tratado y oficialmente hay 10 ratificaciones. En el caso de México, se aprobó la ratificación del tratado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2020.
En su participación, Andrea Ulises Cerami, de la iniciativa de Acceso México y Coordinador de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó que el Acuerdo de Escazú se plantea como un tratado directamente vinculante y exigible, que propone una nueva forma de gobernanza en materia ambiental.
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