Por 820 pesos mexicanos (50 dólares americanos) los datos personales de millones de personas quedan vulnerables, denunció Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho (FD) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien detalló que dependiendo de la oferta y la demanda, en el mercado negro se pagan 203 pesos (12 dólares) por entregar el nombre completo de una persona, 162 (9 dólares) por su fecha de nacimiento, 235 (14 dólares) por su firma electrónica y 220 pesos (13 dólares) por su teléfono particular.
“La protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, que es importante ya que todos estamos expuestos a que nos roben nuestra identidad”, señaló.
Garay comentó que nuestros datos personales están vulnerables en el mercado ilícito. Por ello, nació la necesidad de emitir regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en posesión de los particulares, y la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de los sujetos obligados.
“Con ello se amplió el nivel de protección para incorporar a las autoridades en general y también a personas que manejan datos personales para el ejercicio de sus actividades”, afirmó.
Garay recordó que la constitución de la Ciudad de México, en su artículo siete, también protege esos derechos, que llevan a una adecuada administración pública, con derecho a la información, a la privacidad y la protección de datos personales. “Son requisitos indispensables para alcanzar un estado democrático y de derechos”, opinó.
Garay señaló que no existe persona que no haya entregado datos vía internet o personal a una institución pública o privada para hacer algún trámite u obtener algún servicio.
Por ello, resulta de vital importancia realizar este tipo de eventos, donde participan diversos agentes de la sociedad, como personal del servicio público, académicos, y personas inmersas en el tema.
“Es importante la reflexión y el debate sobre estas políticas públicas para alcanzar un óptimo tratamiento, tanto del derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales, y al derecho de privacidad de las personas”, acotó.
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