Ante la poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en los estados, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización civil TOJIL, analizaron el marco jurídico, los recursos humanos y materiales, así como los procesos y resultados de las Fiscalías Anticorrupción en México, que a la fecha no han dado los resultados esperados.
Dicho estudio analiza 14 variables sobre su normatividad y acciones aplicables; la Fiscalía de Querétaro se le coloca con una calificación regular en dicha categoría junto a otros 18 estados.
Se informó que 14 Fiscalías Anticorrupción (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas) cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones a nivel local y federal para realizar investigaciones en materia de corrupción; sin embargo, sus investigaciones y personal en proceso son mínimos.
En materia presupuestal, entre 2019 y 2020 se redujo el presupuesto en ocho Fiscalías Anticorrupción; 24 Fiscalías Anticorrupción no tienen independencia presupuestal ya que su asignación y ejercicio depende de las Fiscalías estatales.
En el caso de Querétaro; se coloca en el estatus de “regular” junto con Campeche, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; los líderes con nivel satisfactorio fueron Chihuahua, Durango, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz.
En capital humano, sólo 5 Fiscalías reportaron dar capacitación a sus peritos en 2019 y 2020 y sólo 11 Fiscalías reportaron dar capacitación a sus policías en 2019 y 2020. En el caso de Querétaro tiene un estatus de “regular” a “malo”, junto a otras 12 entidades (Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edomex, Puebla, San Luís Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas).
En el apartado de Procesos legales, sólo 3 Fiscalías reportaron un registro para el desarrollo de las investigaciones. El estado de Querétaro se ubica en una alarmante categoría de “deficiente” junto con Morelos, Nayarit y Veracruz. Sólo por arriba de Tabasco –el peor del país-.
Para el IMCO, las Fiscalías Anticorrupción a nivel nacional carecen de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación; tienen limitado uso de la herramienta penal en el combate a la corrupción; poca efectividad en la investigación de casos de corrupción; y baja judicialización y enjuiciamiento de los casos de gran corrupción.
En el desglose de datos se indica que 4 Fiscalías Anticorrupción no judicializaron ninguna investigación; 12 de 24 Fiscalías Anticorrupción no han obtenido sentencias condenatorias; sólo 24 de 29 Fiscalías analizadas enviaron esta información; 2 Fiscalías Anticorrupción alcanzaron tasas de 10% y 13% de judicialización, las más altas a nivel nacional; sólo tres Fiscalías Anticorrupción vincularon a proceso 100% de las investigaciones judicializadas.
Las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción.
En 10 Fiscalías Anticorrupción el nombramiento del titular es realizado por el fiscal general, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
Únicamente cinco estados, Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz reportaron que el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción se asigna de manera independiente a la Fiscalía estatal.
El IMCO y TOJIL, detectaron que entre el primero de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente 8 estados reportaron haber judicializado más del 5 por ciento de las investigaciones iniciadas, es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción.
Aunque las entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios.
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