Ante la difusión del análisis de Coneval difundido ayer sobre lo que serán las repercusiones potenciales de esta pandemia generada por Covid-19 en la vida de las personas, en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral, y de los más de 685 mil empleos formales perdidos solo en marzo y abril, el Gobierno Federal debe actuar e implementar medidas de subsidio al empleo, como el Salario Solidario para frenar el ritmo de pérdida de empleos y no llegar al estimado de 1.3 millones de empleos perdidos al terminar el mes de mayo.
La pandemia del coronavirus COVID-19 ha significado una doble amenaza tanto en términos sanitarios como económicos. Uno de los efectos más visibles es el desempleo ocasionado por el paro de actividades económicas, debido a las medidas de distanciamiento social para contener la curva de contagio, ya que la pérdida de empleo de inmediato se convierte en pérdida de ingresos para las personas. Además quienes pierden empleos formales, tanto los extrabajadores, como sus familias también pierden los beneficios de la seguridad social.
Esta coyuntura afectará de manera desproporcionada a la población pobre y a los estratos vulnerables de ingresos medios. Por ejemplo, la CEPAL estima un aumento de 4.4 puntos en la tasa de pobreza promedio para América Latina, que pasaría de 30.3% en 2019 a 34.7% en 2020. Esto implicaría el un incremento de aproximadamente 28.7 millones de personas a la pobreza. También se identifica un riesgo alto para la población en situación de pobreza extrema, que representa el 11.0% de los latinoamericanos y que en 2020 podría ascender a 13.5 %.
En nuestro país el CONEVAL estimó los efectos potenciales de la pandemia podrían generar en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8% en los primeros dos trimestres del 2020.
Ante ello es urgente, como Coparmex ha alertado desde hace múltiples semanas, la aplicación del llamado Salario Solidario, que representa un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Se compone por una contribución del gobierno, patrón y trabajador, con el fin de evitar despidos ante el cierre de operaciones o caída de los ingresos que enfrentan las empresas con el COVID-19. Con su aplicación, el Gobierno Federal detendría la generación de pobreza, el cierre de empresas y el despido de cientos de miles de trabajadores adicionales.
Lamentablemente las acciones del Gobierno Federal para hacer frente a la situación son muy escasas e insuficientes. Prueba de ello es que solo se han registrado 20% de los posibles beneficiarios de los créditos a empresas con trabajadores asegurados del IMSS. El monto de 25 mil pesos es insuficiente para una empresa formal ya que solo es suficiente para cubrir la nómina de dos trabajadores promedio (alrededor de 9mil pesos al mes por trabajador) durante un mes.
Mientras países como Canadá, Brasil o Nueva Zelanda se han comprometido a pagar parte de los salarios de quienes trabajan. en empresas privadas para evitar su cierre definitivo; en los Estados Unidos, se aprobó un paquete de estímulos de 2 billones de dólares y se realizan transferencias directas por 1200 dólares para todos los estadounidenses que ganan menos de 75 mil dólares al año.
Incluso dentro de los países de la región, la misma CEPAL indica en su Observatorio COVID-19 de acciones implementadas por país, que México, junto con Guyana, es el único país de la región que no tiene medidas específicas de protección social para proteger a los grupos más vulnerables. El mismo CONEVAL ha señalado que la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la población en pobreza por ingreso.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que se deben implementar, además, medidas de protección social que tengan un enfoque que privilegie a los grupos más vulnerables, poniendo las finanzas al servicio de los derechos humanos. Además, urgimos reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables.
Asimismo, el Sector Empresarial considera que deben ampliarse los programas no contributivos, como las transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, el crédito sin intereses a las empresas para el pago de salarios y los aplazamientos del pago de préstamos.
También se deben otorgar apoyos inmediatos a los trabajadores de las MiPyMES, los de bajos ingresos y los del sector informal. Aunado a ello, se debe considerar medidas como no cobrar las cuentas de agua, luz e Internet a personas de bajos ingresos durante la duración de la pandemia. Con el salario solidario, quienes ganan entre 1 y 3 salarios mínimos mantendrían su empleo y su ingreso.
Además, se observa que el Gobierno Federal aún no ha anunciado alguna medida para atender a las personas que no tienen un empleo formal y por tanto no tienen beneficios de seguridad social. En este tema, se podría considerar la entrega de un apoyo temporal (durante 3 meses) equivalente al valor de la canasta alimentaria, para las personas que son autoempleadas o no tienen empleo formal.
El contexto de crisis económica por el que atraviesa el país, exige que se implementen de manera urgente las políticas de protección social pertinentes y no centrarse únicamente en los programas sociales federales que actualmente ya se encuentran en operación. En la COPARMEX creemos que una crisis sin precedentes exige soluciones sin precedentes.
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