Guerra electoral

Superado por la realidad, el discurso oficial ha dejado de lado el optimismo en pos de la moderación que, desgraciadamente, tampoco se ajusta a los hechos. Así, arrinconado por los hechos y sin fuerza en los datos que presenta a la sociedad, el gobierno parece estar decidido a enfrentar el reto electoral de julio próximo bajo la estrategia del “todo o nada”. Poco a poco pero con toda claridad, el gobierno intenta hacer creer a los votantes que todo lo que sucede en el país se deba lo que dejaron de hacer los priístas a lo largo de su control en el país. Así, aparece el discurso de Germán Martínez, como líder panista, responsabilizando al priísmo de la crisis en el terreno de la seguridad. Y para ocultar el fracasa económico, se destaca la violencia en el país, especialmente en las entidades gobernadas por priístas. Pero todo esto tiene un serio problema que el panismo tal vez no ha calculado de manera adecuada. Primero, para los votantes podría resultar extraordinariamente simple el aceptar la primera parte de las afirmaciones del gobierno y el PAN. Después, podría ser mucho más simple demandar la caída de esos gobiernos. Pero entonces, el reto quedaría en manos de los panistas y de Felipe Calderón.

Y las preguntas serían muchas y muy incómodas. La primera de ellas, por lógica, tendría que enfocarse a las causas que a lo largo de más de ocho años impidieron que los dos gobiernos del PAN, con Vicente Fox y con Felipe Calderón, no actuaran con celeridad frente a la corrupción de sus rivales políticos. Después, habría que preguntar el motivo por el cual Felipe Calderón mantuvo en el poder a Eduardo Medina Mora y a Genaro García Luna, cuando tuvieron ellos la responsabilidad de combatir al narcotráfico. Y finalmente, el gobierno y el PAN tendrían que responder las interrogantes en torno a la corrupción panista y por supuesto, a los impactos de esta situación en las campañas electorales pasadas. El gobierno no quiere perder las elecciones. Y en su desesperación por evitar que el priísmo recupere terreno, podría dar paso a problemas mucho más serios. De entrada, lo que está a la vista es que los acuerdos políticos podrían estar en riesgo. Y eso en plena crisis, es algo que a todos tendría que preocupar… Por lo pronto y mientras el gobierno se dedica a tensar el ambiente político, los índices en el sector económico se convierten en algo realmente preocupante. El desempleo aumenta, la pérdida de plazas crece, no hay inversiones y el peso sigue en picada, con el agravante de que esta situación ha puesto a las reservas internacionales en una posición endeble. El gobierno está en todo su derecho a encabezar la lucha electoral a favor de su partido. Lo que parece discutible es el hecho de que esa lucha se convierta en una cruzada en la que todo lo que importa es la destrucción del rival, sin importar lo que ello pueda desatar en el país… Está claro que en el combate al narcotráfico la responsabilidad de los gobiernos estatales existe, pero también lo es el hecho de que esa responsabilidad es, se acepte o no, menor a la del gobierno federal. No puede negarse el hecho de que los narcotraficantes pueden tener acuerdos con autoridades locales. Pero entonces, ¿en dónde se encuentran las federales? La droga, las armas y los narcotraficantes llegan y salen de los estados sin que nada les pase. ¿Y las autoridades federales? Como estrategia electoral la situación desatada por el gobierno federal puede tener algún tipo de impacto en la sociedad. ¿Pero no es la crisis económica el punto sobre el que está anclado todo lo demás? ¿Y en dónde queda entonces el discurso aquel de “vamos goleando a la delincuencia? El gobierno federal ha perdido no sólo el paso, sino que ha cometido demasiados errores en todo esto. Ha desgastado al ejército de manera innecesaria, no ha encontrado la forma de poner en marcha un equipo de inteligencia realmente efectivo y ahora quiere romper con los acuerdos políticos. Y esto puede ser muy riesgoso… El escándalo provocado por las grabaciones de Luis Téllez se ha convertido en un descalabro muy serio para el gobierno. Por más que se diga otra cosa, la realidad establece que a partir de ahora, todo lo que haga y deje de hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en entredicho. Es más, todas las licitaciones realizadas a lo largo de estos dos últimos años podrían ser objeto de muchas dudas. Y lo peor de todo es que el problema aún no termina. Y no son pocos los que suponen que el riesgo de que este escándalo aumente su nivel es muy real. Por lo pronto, el fin de semana pasado se registró una reunión de alto nivel en la que Téllez recibió un duro mensaje oficial, pero que no fue acompañado por instrucciones de fondo. El conflicto es profundo y se quiera o no, ha dañado la estructura del poder. Y podría llegar mucho más allá.