Con el propósito de atender los fenómenos de metropolización del país y buscar disminuir su impacto negativo mediante mecanismos legales e institucionales, se realizó el Encuentro Nacional Metropolitano, organizado por el Senado de la República, el Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, con la participación de especialistas y estudiosos del tema urbano.
Durante dos días los legisladores y técnicos especializados en materia de desarrollo urbano y gestión pública del ámbito público, privado y académico, revisaron el marco jurídico vigente y temas fundamentales como gobierno, legislación, financiamiento, proyecto estratégico de ciudad y sustentabilidad ambiental, porque las ciudades son el motor de la economía nacional y registran el asiento de la mitad de la población del país.
En la reunión, se destacó que los mecanismos de planificación que se aplican en México desde hace tres décadas, son insuficientes al faltar instituciones representativas que atiendan la compleja realidad metropolitana, de ahí la importancia de diseñar e implementar fórmulas y políticas públicas innovadoras consecuentes con las demandas más apremiantes de la población.
Hoy en día, las demandas sociales y económicas han rebasado las capacidades de gobernabilidad y gestión administrativa de los gobiernos locales y datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de la Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Población, revelan que en México existen 56 zonas metropolitanas cuya población asciende a 57.9 millones de personas, cifra que representa el 56 por ciento de la población total del país.
De éstas, nueve zonas metropolitanas tienen más de un millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna, donde residen 36.6 millones de personas, más de la tercera parte del total nacional, con 35.4 por ciento.
De las restantes, 29 zonas metropolitanas se ubican en el rango de 100 mil a 500 mil habitantes, con excepción de Moroleón-Uriangato, con poco menos de 100 mil habitantes. En ellas residen 7.8 millones de personas, el 7.6 por ciento de la población del país.
Al inaugurar el Encuentro, el senador priista Ramiro Hernández García indicó que conjuntar a más de la mitad de la población del país, la administración y organización de las zonas metropolitanas no se da con eficacia y consideró inaplazable la modernización de las leyes que sustenten una adecuada ordenación de los asentamientos humanos.
Sin duda, el gran reto que tienen por delante los legisladores, es alcanzar un desarrollo ordenado entre entidades chicas, medianas y grandes que evite el centralismo político, jurídico y técnico para que el gobierno federal, aplique una política de desarrollo urbano que permita, no sólo un mejor aprovechamiento del territorio nacional, sino reducir disparidades socioeconómicas y ambientales entre distintas regiones de una entidad o localidad.
Lo deseable y urgente, después de este ejercicio de planeación y congruencia legislativa, sería aprobar una iniciativa y evitar que, por intereses partidistas, se retracen los beneficios para el pueblo mexicano urgido de satisfactores ambientales, económicos y sociales.
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