Una variable inherente a la calidad de vida de la ciudad y sus habitantes, es el acceso al servicio de agua potable de buena calidad, de manera constante, sin la amenaza constante de cortes al suministro del líquido, como se vive actualmente en la ciudad de México, la más grande y conflictiva a nivel mundial.
En promedio, los capitalinos reciben 33 mil 300 litros de agua por segundo a través de aproximadamente 13 mil 352 kilómetros de tuberías, longitud equivalente a más de cuatro viajes, ida y vuelta, por carretera a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Con este caudal, actualmente, el 98 por ciento de la población cuenta con el servicio, mientras que el resto es abastecido por pipas e hidrantes públicos. Esto ha mejorado significativamente, ya que en 1970, el 71 por ciento de la ciudadanía contaba con el servicio regular y treinta años después, el porcentaje creció al 94 por ciento.
Alcanzar estos niveles de suministro, demandó inversiones cuantiosas de los tres niveles de gobierno, ya que los mayores volúmenes son traídos desde lugares lejanos y con grandes dificultades técnicas. Ello trajo prácticas clientelares políticas o bien, buenas prácticas gubernamentales que pretenden quedar bien con sectores populares.
Aparejada a esto, la variante actual del populismo urbano es el manejo de las tarifas del agua, acompañada del reclamo de la autonomía del nivel de gobierno en cuestión. Tal es, la réplica del gobierno del Distrito Federal a la Comisión Nacional del Agua.
La polémica se origina cuando la dependencia federal intenta interferir en el monto de las tarifas que cobra la autoridad capitalina a raíz del incremento del 18.6 por ciento en los derechos que debe pagar por el agua que recibe y, a la solicitud de CONAGUA a Hacienda y Crédito Público de aplicar un incremento del 15 por ciento al precio que pagan los usuarios capitalinos y los municipios del Estado de México.
La respuesta capitalina fue: mantener el subsidio a las tarifas y no promover ante la Asamblea Legislativa ningún ajuste al Código Financiero, por la situación de crisis económica.
Desde agosto de 2008 se aplica un ajuste gradual en las tarifas, comprobable al revisar los montos a pagar que reflejan las boletas respectivas, en función del volumen del gasto, a mayor consumo, mayor el pago. Incluso, en el Presupuesto de Egreso de 2009, el responsable de las finanzas capitalinas, dio a conocer un incremento al cobro de hasta 12.6 por ciento para algunos ciudadanos.
Y, para limitar el desperdicio e incentivar el desarrollo de una «cultura de uso eficiente del agua», se plantea un incremento del 4.3 por ciento a usuarios domésticos que consumen entre 30 y 90 metros cúbicos bimestralmente: el 48.6 por ciento de usuarios, alrededor de 600 mil hogares.
Lo anterior, lleva a la reflexión histórica de que, aumentar tarifas es un error, sobre todo en un año político como este. Por otro lado, el sector agua potable ha sido deficitario de siempre, ya que los ingresos por cobro a los usuarios, no cubren las necesidades de operación.
La paradoja: se actúa con opacidad, se dice proteger la economía familiar y se gestan aumentos sin informar. Olvidan de convencer al ciudadano de la prioridad de sanear la salud financiera de un sector ineficiente e ineficaz en sus metas y que, la amenaza del desabasto periódico de agua potable, es ya una realidad.
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