Ante la inestabilidad energética, alimentaría y financiera que deja sentir ya sus efectos en el bolsillo y la economía de los mexicanos y, sobre todo, en el sector laboral donde se ha iniciado el cierre de fuentes de trabajo, es urgente que en el Congreso de la Unión se dé luz verde a la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Esta iniciativa, propuesta por la senadora María de los Ángeles Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, hasta donde se sabe, cuenta con la aceptación de la mayoría de diputados y senadores integrantes de la LX Legislatura, así como de agrupaciones sindicales y organismos empresariales.
Convencida de la utilidad y beneficios de dicha ley, la senadora Minerva Hernández del Partido de la Revolución Democrática, declaró que más de la mitad de los legisladores de su partido está por su aprobación y, por lo tanto, presionarán para que el dictamen respectivo se discuta a la brevedad posible y sea aprobado por el pleno senatorial.
Como secretaria de la Comisión de Hacienda, indicó que propondrá la redacción y discusión definitiva del dictamen para que esta misma semana, por tratarse de un proyecto que beneficiará a millones de obreros y empleados asalariados, pueda agendarse para su discusión y aprobación por la asamblea.
Con la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores habría más empleos, se activaría la vida económica del país y las estimaciones de apoyos fiscales a los empresarios estarán debidamente calculadas y justificadas, según se desprende de los considerandos de la iniciativa.
Se consideran también, descuentos fiscales por 7 mil millones de pesos según un documento de los diputados, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alega que el gasto se estima en 17 mil millones de pesos anuales. La diferencia de cifras quedará resuelta en la medida en que avance el proyecto de dictamen que presentarán las comisiones de Hacienda, Salud y del Trabajo.
Lo cierto es, como lo ha asegurado en distintos foros la promotora de la iniciativa, que «el empresariado, en muchas de sus áreas y ramas, ha manifestado su apoyo a la propuesta». La Canacintra en general, y buena parte de la Concamín, han estudiado el proyecto y muchas pequeñas y medianas industrias ya promueven programas de alimentación para sus obreros y empleados.
Se insistirá ante las comisiones del Senado de la República para que antes de concluir noviembre, se conozca el proyecto de dictamen. «Tenemos que reconocer que hay muchas cosas que se pueden hacer; esto, si hay voluntad política para hacerlo», resaltó la senadora Moreno Uriegas.
Y cuánta razón le asiste ya que el Partido Acción Nacional y algunos legisladores, por razones no muy claras, se oponen, con diversos pretextos, a aprobar la iniciativa. A estos intransigentes, los convencidos de las bondades de la nueva ley, les contestó: estamos dispuestos a hacer las modificaciones que ellos estimen pertinentes…
Con la Ley Alimentaria, el trabajador gastará menos en su alimentación y tendrá mejores parámetros sanitarios y nutricionales, además de un sustancial beneficio económico. La empresa contratante, a su vez, reduciría el índice de ausentismo laboral y productivo generado por las infecciones, básicamente gastrointestinales de sus trabajadores, de tal suerte que sus utilidades se incrementarían.
Y México, como nación, estaría en posibilidades de enfrentar con mayores posibilidades de éxito, las difíciles condiciones financieras y económicas por la recesión mundial que estará presente en los próximos dos años, si no es que por un tiempo mayor.
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