El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, José Bernardo Quezada Salas informó que presentará ante el Pleno legislativo, la minuta con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 40 bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
De aprobarse estas reformas, entre los beneficios está el permitir a los investigadores de instituciones de educación, centros de investigación y las entidades de la administración pública federal, a las que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios. Dicha participación será, por ejemplo, la de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros, transferencia de conocimiento, licenciamientos, y participación como socios accionistas de nuevas empresas privadas de base tecnológica.
La propuesta beneficiaría a más de 500 instituciones de educación superior con alrededor de 20 mil investigadores, más 21 mil 359 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y alrededor de 14 mil investigadores insertos en la iniciativa privada. Esto, sin contar a los estudiantes inscritos en los más de 10 mil programas de posgrado existentes en el país, que eventualmente formarán parte del cuerpo de investigadores.
Al respecto comentó que “todo pasa por la ciencia y la tecnología. Si hablamos de educación tiene que pasar por la ciencia y la tecnología, si hablamos de salud pasa por la ciencia y la tecnología. El tema que ustedes quieran hablar del país, de mejoras laborales, de prestaciones, de posibilidades de crecimiento, pasa por la ciencia y la tecnología; por eso esta Comisión. Lo reafirmo, lo subrayo, lo sostengo que vamos a hacer producto y vamos a dedicarnos a trabajar de una manera inmediata.
Añadió que “creo que en muy pocos días, vamos a decirles a ustedes: misión cumplida (…) es el primer paso de los grandes cambios que este país requiere”, y aseguró que “esto no sería posible si no tuviéramos un equipo de diputados que han dejado a un lado el carácter de orden político para comprometerse con México”.
Por su parte, el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, felicitó a los diputados y señaló que durante los tres años que tiene la iniciativa, han participado muchos actores: “Esta iniciativa tiene el aval y el consenso de todos los actores, empresarios, universitarios y centros públicos de investigación. Yo creo que es una iniciativa que ya pasó por todos los lugares que tenía que pasar. Está palomeada por todos los actores y estamos esperando a que los señores diputados le den su aprobación. Estamos muy contentos y esperamos muy pronto agradecerles que ya fue aprobada la ley”, dijo el doctor Franco.
Cabe mencionar que sólo el cinco por ciento de las empresas en México realizan actividades de innovación y de esta manera es muy complicado despunte este sector. Por ello se impulsa detonar la innovación como una práctica común en el sector privado.
Por su parte, desde 1980, Estados Unidos modificó la Ley Bayh-Dole y ello permitió tener la capacidad de desarrollar su economía de manera definitiva. Se estima que en la década de los 90, el país basó más del 50% de su economía en el desarrollo científico y tecnológico, posibilitado por el ecosistema legislativo que inició con dicha ley. En ese mismo año, Estados Unidos tenía 300 patentes universitarias y para el 2000 eran 12 mil 324.
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