Nuevamente se presenta a debate el asunto de la pena de muerte como castigo a secuestradores homicidas.
El Congreso de Coahuila aprobó la iniciativa del gobernador Humberto Moreira para aplicarla a secuestradores que asesinen a sus víctimas.
Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, el 20 de agosto, presentó, a través de sus diputados, una propuesta para castigar con pena de muerte a esos delincuentes.
El PVEM «se congratula ante la decisión de la legislatura de Coahuila de enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución federal para restaurar la pena de muerte y aplicarla en aquella entidad a los secuestradores que den muerte o mutilen a sus víctimas». Es una de las modalidades de la iniciativa antisecuestro, propia.
La legislatura coahuilense acordó, 22 votos a favor y 10 en contra, pedir reforma, a los artículos 14 y 22 de la Carta Magna para que los estados puedan incluir la pena capital en sus leyes locales.
Senadores se manifestaron en contra. Coincidieron en la inviabilidad de aplicar semejante castigo: «no soluciona el problema de la delincuencia».
Gustavo Madero, presidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo legislativo, coordinador del grupo parlamentario del PAN dijo: «No puede, de ninguna manera, un Eestado ir por encima de las disposiciones constitucionales»… Coahuila no podría aplicar esa pena, en forma independiente. Sería objeto de graves sanciones. El gobernador pudiera perder, con un juicio político, su posición como tal.
Jesús Murillo Karam, priísta, senador por Hidalgo, dijo: «… la pena de muerte no nos ayuda en nada y está prohibida por la Constitución de la República».
Tomás Torres, del PRD, comentó: «hay un compromiso asumido por México en materia internacional donde se contempla que, cuando ya se retiró de la Constitución, la pena de muerte no puede volver a incluirse en la Constitución Federal. Por ende, no puede considerarse en las constituciones de los estados ni en los códigos penales».
En la Cámara de Diputados, César Duarte, presidente de la Mesa Directiva, expuso: «trasladaremos la iniciativa, como hacemos en trámite legislativo, a comisiones. Analizado su contenido se iniciará un gran debate nacional en este tema».
Emilio Gamboa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI dijo: «Seremos respetuosos de todas las fracciones parlamentarias. Mi comentario es que se debata».
Juan Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, consideró que esa iniciativa no será aprobada, aunque señaló que la Constitución permite casos de excepción.
Vale escuchar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza. En entrevista en radio IMER dijo: México parecería esquizofrénico. Vamos a Estados Unidos a reclamar la vida de compatriotas sentenciados a la pena de muerte y ahora la queremos aplicar aquí. Agregó: sería un disparador de la extorsión.
No está exento de razón Álvarez Icaza. Ya el Presidente Felipe Calderón se refirió al nivel de confiabilidad de miembros de corporaciones policiales del país. Habría que agregar sobre la confiabilidad entre miembros de las procuradurías; en los poderes judiciales, de la federación y de los estados; en los de los sistemas penitenciarios, federal y locales.
En cuántos casos de injusticia se caería en una eventual aplicación de la pena capital. ¿Usted, amable lector, está absolutamente convencido de la culpabilidad de todos cuantos pueblan los centros de readaptación social del país?
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