Para que las actividades productivas del campo no se vean interrumpidas por las limitaciones de orden presupuestal, el Congreso Agrario Permanente (CAP) en pleno, presentará al Presidente Enrique Peña Nieto un “pacto” para que se mantenga la dinámica del sistema productivo nacional a través de los programas de impulso al desarrollo rural y seguridad en el abasto de alimentos; la regulación de importaciones, financiamiento y revitalización de esquemas de almacenamiento y comercialización de cosechas.
Cada una de las diez organizaciones campesinas que integran el CAP –a excepción de ALCANO, CAM y UGOCM, que formaron un bloque—presentaron por escrito “un plan de trabajo” que contiene el sentir de las organizaciones del CAP y que, en su concepto, son los puntos medulares que deberán recibir el apoyo gubernamental en los próximos dos años y que, además, están directamente relacionados con los principios de seguridad y soberanía alimentaria.
Por conducto del senador Manuel Cota Jiménez, actual coordinador del CAP y dirigente de la Confederación Nacional Campesina, se conjuntaron todas las presentaciones y se analizaron puntos coincidentes en un documento que será entregado, por razones de consenso y logística, al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa y, posteriormente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante el próximo Congreso Nacional de la CNC, a realizarse del 25 al 28 de agosto.
Entre los puntos analizados en la mesa de consenso del referido pacto, destacan audiencias por separado con los titulares de las Secretarías de Estado que tienen relación con el agro, y con organismos financieros.
Con Economía y Sagarpa, profundizar en lo relacionado con los Tratados Internacionales de Libre Comercio (actualización de TLCAN, negociaciones sobre el TPP, en particular en rubros como azúcar, leche y arroz, y un posible TLC con Brasil, fundamentalmente).
La situación de inestabilidad en los mercados mundiales, frente a cambios en la paridad de las monedas y sobre-oferta de granos a precios castigados, dijeron, afecta la economía de los productores mexicanos. Las políticas públicas, señalaron, deben estar alineadas con el desarrollo social y humano, para poder combatir la pobreza y malnutrición.
Pidieron simplificar las Reglas de Operación de todos los programas que tiene a su cargo la Secretaría de Agricultura y, con la misma prioridad que estas medidas se requieren, que se ponga al corriente de adeudos que vienen de años anteriores.
Otro tema fue la revisión de la cartera vencida, con la propuesta de una quita del cien por ciento de intereses y parte del capital, a fin de devolver la capacidad crediticia de productores que se encuentran en ese conflicto.
En un caso similar se encuentran usuarios de pozos para la extracción de agua por bombeo, quienes tienen adeudos que no les permiten realizar plenamente sus actividades productivas.
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