Organizaciones de la sociedad civil calificaron de lamentable que el Poder Judicial Federal haya tardado 6 años en resolver el litigio promovido por comunidades mayas para que su territorio sea declarado como Zona Libre de Transgénicos (ZLT) sin que haya reconocido la discriminación que han sufrido al no hacerse efectivo su derecho a la libre determinación, expresado en su decisión de rechazar la siembra de organismos genéticamente modificados.
El pasado 4 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias Laboral y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, sólo resolvió que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la autoridad que debe responder a los más de dos mil apicultores que exigen la declaratoria de ZLT y no el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) como sucedió en su momento cuando negó la solicitud de las comunidades.
Con esta sentencia, la Sagarpa está obligada a responder a las comunidades mayas pertenecientes a los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab que en el año 2012 solicitaron por escrito a sus presidentes municipales establecer en sus municipios ZLT para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de las comunidades solicitantes, como es la miel libre de polen genéticamente modificado (GM).
Las organizaciones Indignación, Greenpeace y Ma OGM señalaron que es fundamental que la Sagarpa reconozca, en principio, la libre determinación expresada por las comunidades indígenas exigiendo que se declaren libres de transgénicos sus territorios, así como todas las pruebas técnicas y científicas que demuestran que la siembra de transgénicos es inviable en la Península de Yucatán, dado los riegos ambientales, sociales y económicos que se generarían para las comunidades.
La propia Senasica, instancia que otorgó los permisos a Monsanto para la siembra en fase comercial de soya transgénica en la Península, los ha revocado, entre otras cosas, por un “manejo no confiable” de la tecnología autorizada puesto que “no existía certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla”. También señaló que la liberación de organismos genéticamente modificados en sitios no autorizados en el permiso y la pérdida del control del material genéticamente modificado es “un daño grave o irreversible”. Argumentos que refuerzan lo señalado por las comunidades al hacer la solicitud de declaratoria de ZLT en 2012.
Al menos desde ese mismo año, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) advirtieron de la falta de condiciones para implementar adecuadas medidas de bioseguridad en la región frente a la siembra de OGM, dado que ya se había documentado, en las fases experimental y piloto, siembra de soya transgénica de Monsanto fuera de los polígonos permitidos, incluyendo en Áreas Naturales Protegidas de la Península de Yucatán.
En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado para que la Sagarpa, al cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, dé la razón a los apicultores mayas y haga la declaratoria de Zonas Libres de Transgénicos, pues resultaría irresponsable que no lo hiciera con las evidencias existentes y frente a la exigencia clara de las comunidades mayas.
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