La política en materia de generación de energía eléctrica publicada el viernes por la Secretaría de Energía (Sener), acelera el cambio climático, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables, ofreciendo como alternativa la quema inaceptable de combustóleo para generar electricidad, advirtieron representantes de varias organizaciones.
En videoconferencia conjunta, con Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México (ICM), Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor y Anaid Velasco del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, advirtió que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, dada a conocer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado viernes 15 de mayo, implica graves riesgos ambientales.
Recordó que México asumió el compromiso internacional, que luego convirtió en ley, de generar 35% de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024. Sin embargo con la Política recién publicada y el Acuerdo que se emitió el 29 de abril en la misma línea, esta meta se ve imposible de alcanzar, porque se privilegian energías fósiles para producir electricidad y se le cierra el paso a las renovables, con el pretexto de que son inestables.
La política climática del actual gobierno tiene implicaciones severas en varios aspectos. En el medio ambiente, podemos augurar que no vamos a cumplir las metas climáticas de llegar a cero emisiones en 2050. Además, quemar combustóleo, como se propone, tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, así como otras cuencas densamente pobladas.
Por último, aunque no menos importante, se cuentan implicaciones económicas ya que generar electricidad con combustóleo es más caro que con energía eólica o fotovoltáica. El aumento de los costos tendrá como consecuencia previsible un incremento en las tarifas de electricidad o de los impuestos, sin descartar recortes en áreas prioritarias como salud y educación.
«Es preocupante no solo el estancamiento de las energías renovables, sino el retroceso en cuanto al uso de combustibles descontinuados y prohibidos en el mundo como el combustóleo; estas decisiones tendrán implicaciones muy graves en términos de salud, ambientales y económicos, debido a la ineficiencia y alto costo en los procesos de generación. No podemos seguir quemando combustóleo para generar electricidad y cerrando la puerta a alternativas renovables que deben enmarcarse dentro del respeto a los derechos humanos», advirtió Pablo Ramírez, Especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.
Por otra parte, esta nueva política y también el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2019-2033, parecen enfocarse a «ajustar cuentas» con la Reforma Energética del anterior gobierno y hace imposible el desarrollo de fuentes de energía renovable, con la consecuente caída de inversiones extranjeras directas, como ya denunciaron los embajadores de Canadá y de la Unión Europea en México.
En su oportunidad, Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, enfatizó «las medidas tomadas por la SENER son contraproducentes para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID19. Al limitar la participación de las energías renovables en el despacho de energía eléctrica se tendrá que aumentar el uso del combustóleo para la generación eléctrica, con ello aumentarán considerablemente las emisiones de varios contaminantes que afectan gravemente la salud de la población, siendo las enfermedades respiratorias (generados por estos contaminantes) una de las causas más importantes de comorbilidad en las muertes por COVID19. Además, dichas emisiones afectan el medio ambiente y hace casi imposible cumplir con nuestras metas de cambio climático adquiridas en el Acuerdo de París.»
A su vez, Anaíd Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advirtió que la Política publicada el viernes «adolece de violaciones de forma y de fondo. Por una parte, viola el procedimiento de mejora regulatoria pues su publicación ignora el derecho a la participación social que por ley debería hacerse para este tipo de actos. Por otra parte, en cuanto al fondo, transgrede importantes derechos humanos, entre ellos los derechos al medio ambiente sano y a la salud, pues al favorecer el uso de fuentes fósiles incrementa el deterioro ambiental que pone en riesgo la vida de las personas, además de incumplir con las metas internacionales de cambio climático».
Finalmente, Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México (ICM) dejó claro que «en México no cabe más el combustóleo. Su uso energético en las termoeléctricas afecta directamente al medio ambiente y a la salud pública. Si debido a la pandemia de COVID-19 nuestra prioridad es atender y fortalecer la salud de las personas, no se debe apostar por una fuente que merma la salud de los habitantes. Cada año hay miles de muertes asociadas a la exposición de partículas emitidas por las plantas termoeléctricas. Los proyectos de energías renovables, en distintas escalas, deben realizarse con pleno respeto al marco de los derechos humanos, incluidos los derechos de las comunidades. Éstas nos dan la mejor oportunidad para garantizar un desarrollo sostenible porque permiten abastecer nuestras necesidades energéticas sin contaminar, atender la pobreza energética presente en un tercio de todos los hogares del país, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con nuestros compromisos internacionales en la materia.»
Las organizaciones coincidieron en que esta nueva política contiene muchos defectos en los aspectos ambiental, social, económico, de salud y legal, por lo que no se descarta combatirla ante tribunales.
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