El caso Atenco se juzgó en la Suprema Corte de Justicia, bajo un signo de seducción sobre los derechos humanos, donde los acusadores pusieron espadas sobre la cabeza del gobernador y otros altos funcionarios federales. En la sesión, el ministro Genaro Góngora lanzó la bomba: “son culpables, el gobernador Enrique Peña Nieto; el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; el secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño; el comisionado, Wilfrido Robledo” y citó a otros, por los delitos “de violación grave de garantías individuales” en la acción para restaurar el orden público, rescatar la carretera federal bloqueada por manifestantes y restaurar la paz en Texcoco y San Salvador Atenco.
La crónica de sucesos: el ayuntamiento de Texcoco convino con vendedores de flores, en calles aledañas al mercado municipal, su reubicación. Ocho vendedores se negaron y acudieron con la organización “Pueblos Unidos por la Defensa de la Tierra”, en Atenco, (grupo rebelde de marchas y plantones, con machetes y que echaron abajo el nuevo aeropuerto). Salieron de Atenco en marcha por la carretera y los días 3 y 4 de mayo de 2006 tuvieron enfrentamientos violentos contra la policía municipal, luego cerraron caminos y carreteras y llegó la policía estatal y la policía federal. Secuestraron una pipa de gas amagando con hacerla explotar. El gobierno del estado de México, coordinado con el gobierno federal, ordenó el uso de la fuerza pública para restaurar el orden público.
Publicaciones periodísticas y filmaciones en televisión, mostraron manifestantes beligerantes y extrema violencia contra policías ya caídos. Al final la policía restauró el orden y detuvo a centenares de personas. En su traslado hubo actos de abuso de autoridad, de violencia injustificada e incluso de agresión sexual contra algunos detenidos. Estas víctimas recurrieron a la justicia penal y llevaron el caso hasta la Corte.
Once ministros de la Corte sesionaron por varios días, tras la investigación realizada por el ministro J. de Jesús Gudiño. Y concluyeron en que la acción del uso de la fuerza pública fue legal y legítima; reconocieron que se cometieron actos extralegales. Y coincidieron en señalar que se debe culminar con las investigaciones penales y los castigos correspondientes; también debe servir como camino para corregir las lagunas jurídicas de normatividad en los actos del uso de la fuerza pública.
De la acusación del ministro Góngora, ocho de los ministros señalaron, enfáticamente, que no se puede responsabilizar universalmente e indiscriminadamente a quienes, haciendo uso de la facultad, y de la obligación, de usar la fuerza pública para restaurar el orden, sobre delitos cometidos por policías. Incluso separaron el operativo en primera fase de ordenar, segunda etapa de planeación y tercera de acción física directa. De todo ello no hay elemento o indicio de que el gobernador Peña Nieto o el entonces secretario de SP, Eduardo Medina Mora, sean culpables. Ni de otros altos funcionarios. Hubo comentarios como el ministro Sergio Aguirre Anguiano de que no se puede tirar “un escopetazo de municiones” para culpar a políticos o burócratas.
Como corolario vale escribir que, mientras la Corte debatía a un caso “por restaurar el orden público”, los periódicos y los noticieros informaban que, en Chihuahua, un grupo armado secuestró nueve personas, dio muerte a seis y la llegada del Ejército derivó en un enfrentamiento que tuvo el epílogo de 21 personas muertas; en una prisión de Torreón otro grupo armado tomó la prisión, asesinó a tres reos y se fue llevándose a otros nueve presos. Violencia que crece. Es hora de reflexión nacional sobre la paz social.
Ministros: Guillermo Ortiz, Sergio Aguirre, J. de Jesús Gudiño, Juan N. Silva, Genaro Góngora, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cosío, Sergio Valls, Mariano Azuela y Fernando Franco.
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