Radicalizado al máximo y carente al mismo tiempo de una adecuada operación política, el gobierno de Felipe Calderón se enfrenta al reto de la crisis financiera con ataques a la oposición a la que culpa de la crisis de inseguridad. Así, no presenta acciones para tranquilizar los mercados y tampoco, resuelve el embate de la delincuencia. Lo peor de todo es que, se acepte o no, el gobierno federal pierde terreno de manera acelerada en el ánimo de los ciudadanos que, a pesar de los discursos oficiales, no sienten mejoría alguna en su situación familiar. Felipe Calderón inició su gobierno con la idea de la confrontación con los cárteles de la droga. Todo hacía indicar que una acción de esta naturaleza le llevaría, más tarde o más temprano, a la conquista de la legitimación de su administración. Y, al mismo tiempo, tendría a su alcance la oportunidad de culpar al priísmo por el aumento de la delincuencia. Pero las cosas no resultaron como se planearon. La falta de operación efectiva, los escasos resultados y la violencia desatada en todo el país, dejaron ver que el enemigo estaba muy lejos de ser fácil de vencer. Y lo que es más serio, el gobierno parecía no tener la victoria al alcance. Pero si esto no resultaba suficiente, la amenaza de la crisis económica apareció en el horizonte. Y tal y como se hizo con la inseguridad, se despreció el tema. Se habló de un “catarrito” que nada nos haría. Se presumió la fortaleza de la economía nacional. Y se perdió el tiempo miserablemente. Ahora, las cosas no pueden ser más complejas. La crisis económica nos alcanzó sin tener los preparativos necesarios.
Se pierden empleos en todos los terrenos y la desconfianza está a la vista. Los precios aumentan y el peso pierde valor frente al dólar. Y lo peor aún no llega. La inseguridad crece y la idea de culpar a los priístas se vino por tierra cuando, gracias a los propios discursos oficiales, desde el exterior se inició una larga serie de críticas. Se habló del estado fallido. En Europa se lanzaron alertas a los posibles viajeros a México sobre la violencia y la inseguridad. Y los hechos pasaron al siguiente nivel cuando Estados Unidos no se conformó con las alertas a sus ciudadanos y planteó una crisis de gobierno. La administración mexicana se apresuró a responder. Y entonces se tenía que el discurso oficial cambiaba. El país tenía plena gobernabilidad democrática. Pero entonces, el clero católico hizo su aparición. Y violentando todo el marco legal existente, lanzó críticas, acusaciones y llamados al voto en contra de las oposiciones. El gobierno tenía por fin, a su verdadero partido político en acción. Pero demostraba no sólo desesperación, sino una absoluta falta de respeto por la ley. La crisis es seria. Pero lo es más, tal vez, por la ausencia de capacidad política. El gobierno supone, de manera errónea, que, en julio próximo, se juega algo más que unas elecciones para renovar seis gobiernos estatales y la Cámara de Diputados. Felipe Calderón se ha dejado convencer de que es necesario vencer, como sea, y ha empujado al gobierno a posiciones estrictamente electorales sin importar otra cosa que no sea la conquista del voto. Así, se dañan los acuerdos, se altera la agenda nacional y se posponen debates que hasta hace muy poco, fueron considerados como vitales para el avance del país.
Tal y como se esperaba, las elecciones internas en el PRD en el Estado de México y el DF resultaron una nueva demostración de la desmedida ambición que priva al interior del partido del sol azteca. Poco importa ya señalar a tal o cual grupo como responsable del nuevo cochinero electoral. La realidad dice que la voracidad política de las tribus perredistas es de tal manera real, que no hay forma de que la democracia se respete o que se dé paso a la capacidad y a la vocación política real. Lo que importan son las posiciones, la fuerza de los grupos y el avance hacia las posiciones de poder. Jesús Ortega ha recibido una dura lección. Y queda a la vista que la debilidad de su liderazgo es real.
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