El senador de Acción Nacional Raúl Paz Alonzo propuso al pleno del Senado una iniciativa
para impulsar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales que tendrá
como fines la investigación de los ilícitos relacionados y el esclarecimiento de los hechos;
la prevención del delito; procurar que no exista impunidad; así como promover, proteger,
respetar y garantizar los derechos ambientales del país.
En aras de otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho y que
contribuya a combatir los delitos ambientales y su disminución, el nuevo fiscal ambiental
deberá ejercer sus funciones con independencia y autonomía, libre de cualquier tipo de
coacción o interferencia en su actuar, sostiene la propuesta legislativa.
En el ejercicio de sus funciones se conducirá conforme al criterio de objetividad, con base
en el cual dirigirá la investigación de los hechos y circunstancias que prueben, eximan o
atenúen la responsabilidad de las personas imputadas, detalla la propuesta.
La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales deberá contar con el personal policial,
técnico, pericial, y en general, el relativo a la operación sustantiva, asignados de forma
directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del Plan de Persecución
Penal, de conformidad con el Servicio Profesional de Carrera.
La iniciativa subraya que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) designará a
la persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, con base a sus
méritos y capacidades para ejercer el cargo y con un perfil previamente establecido.
Dicho organismo deberá contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica, de gestión y presupuestal, y estar a cargo de un Fiscal, quien establecerá
una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del Apartado
A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue
turnada directamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios
Legislativos.
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