Ante el anuncio de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, del pasado 9 de abril, de no llevar a pleno el dictamen de la Ley General de Biodiversidad hasta que se realice una consulta, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad –conformada por diversas ONGs- expresó que se trata de una decisión positiva.
Además, las organizaciones integrantes, precisaron que es necesario que dicha consulta se lleve a cabo con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 169 de la OIT, y en cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río, de manera seria y sin simulaciones.
La Coalición Ciudadana ante la Ley general de Biodiversidad enfatizó que deben realizarse dos modalidades de consulta: una de ellas dirigida a la ciudadanía en general interesada en el proceso, y la otra enfocada de manera específica a los pueblos indígenas y las comunidades equiparables a estos, que se realice en sus lenguas y territorios. Para cada modalidad es necesario que exista información suficiente, clara, fundamentada y legítima, así como acuerdos previos entre la parte consultante y la parte consultada.
Amelia Arreguín, de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, advirtió que no aceptarán simulaciones de procesos de consulta: “Sabemos que a esta legislatura le quedan pocas sesiones, pero es mejor pensar en el país y no en agendas personales o coyunturales y avanzar con paso firme, al ritmo que se requiera, en un proceso legislativo tan complejo.”
Carlos Ávila, de la Universidad Veracruzana, aclaró que los protocolos de consulta no se pueden construir a capricho de alguna de las partes que intervienen en el proceso. “Existen fundamentos jurídicos para ello. Por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un manual donde se aclaran los procedimientos correspondientes para dejar a salvo los derechos de los pueblos indígenas consultados.” En particular, “la consulta indígena debe realizarse en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades rurales, con una convocatoria amplia, incluyente, en sus idiomas, y debe ser acorde con los procesos y figuras de autoridad que cada pueblo tiene”.
Gustavo Sánchez Valle, de la Red MOCAF, señaló que desde el pasado 14 de marzo dicha organización presentó a la Cámara de Diputados, con fundamento en el derecho constitucional de petición, una solicitud formal de consulta indígena y campesina sin que a la fecha se tenga respuesta. “Indígenas y campesinos son la población directamente afectada, por eso reiteramos nuestra petición a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que haga una convocatoria abierta para que las organizaciones e instancias representativas de indígenas y campesinos interesadas en participar en el proceso de consulta tengan la posibilidad de hacerlo.”
Oscar Vélez, de Revive México, recordó que el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo busca asegurar que toda persona o comunidad tengan acceso a la información, participen en los procesos de toma de decisiones y accedan a la justicia en asuntos ambientales. Mientras que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también exhorta a que los países incluyan de manera formal -no simulada, ni tendenciosa ni discrecional- a la ciudadanía en las decisiones sobre asuntos trascendentales, como la biodiversidad. “Si aspiramos a una verdadera gobernanza ambiental, el Poder Legislativo debe respetar los instrumentos internacionales que nuestro país ha firmado. El único modo de tratar cuestiones ambientales como una Ley General de Biodiversidad, debe ser con la participación de las y los mexicanos,” añadió.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad ha sumado el apoyo de cientos de organizaciones que están dispuestas al diálogo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados y con otros actores, siempre y cuando las reuniones sean públicas y en un ambiente de respeto. “Los legisladores tienen la oportunidad histórica de detener y rectificar el desaseado proceso legislativo que conllevó desde un inicio la Iniciativa de la Ley General de Biodiversidad. Esperamos que actúen en aras del interés público”, concluyó María Colín, de Greenpeace México.
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