PEPE CAMARA
La nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, aprobada en el Senado de la República, y que está en espera de ser avalada por los diputados en el segundo período ordinario de la LXIV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, contempla impulsar políticas públicas y programas para el desarrollo económico a través de negocios que generen empleos.
También otorgará beneficios fiscales a personas físicas y morales cumplidas, con lo que se pondrá fin a las verificaciones de actividades comerciales para combatir la corrupción, al pasar de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe.
Además, creará el Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana, con el propósito de captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta y administración de información concerniente a personas beneficiarias de programas que se instrumenten y formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.
La iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, consta de 16 artículos divididos en cuatro Capítulos y seis disposiciones transitorias, y tiene un enfoque humano, social y económico, ya que promueve la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y viceversa, pasando de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe, reconociendo a quienes invierten en el país, se comprometen a cumplir sus obligaciones regulatorias y fiscales a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas, con el fin de fomentar una cultura de la legalidad.
Asimismo, se suspenderá preventivamente la inscripción en el Padrón de aquellas personas que la autoridad competente requiera someter a visitas domiciliarias o a procedimientos de inspección o verificación a petición de dicha autoridad.
Si se comprueba que las personas cumplieron con las obligaciones objeto del procedimiento, se restituirá su inscripción en el Padrón, incluso quienes resulten sancionados nuevamente podrán ser incluidos por una sola ocasión, una vez que se regularicen en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales; causando baja definitiva de incurrir por segunda vez en cualquier causal.
El esquema basado en la confianza en el sector privado impulsará la actividad económica, puesto que es un esquema de responsabilidad compartida con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se aseguró en la argumentación de la nueva ley.
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