Miguel de la Madrid en su campaña hacia la presidencia de la República, presentó su propuesta de renovación moral de la sociedad. En su momento, ya titular del ejecutivo, en iniciativa al legislativo señaló: “el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y sancionar la inmoralidad social, la corrupción.”
La corrupción, si no está entre los jinetes del apocalipsis nos acerca a ellos. Tiene la capacidad para destruir cuanto toca. A la sociedad toda, a partir del primario de sus componentes: la familia. La familia es víctima de tal condición a través de muchas formas. El escándalo de los servicios del crematorio fraudulento en Acapulco no es más que uno de los ejemplos más grotescos de lo que la descomposición de la conducta, de particulares sí, pero que debieran estar bajo la supervisión de autoridades, llega causar en uno de los más profundos de los sentimientos de los mexicanos: el respeto a sus muertos.
¿Más corrupción? La encontramos a cada paso. En las actividades del hacer diario en el hogar, en la calle, en el transporte, en el centro de trabajo, en la escuela. ¿Dónde no? Haga cada quien un recuerdo de lo vivido en el día, en un día, y apunte los casos de corrupción encontrados. Desde luego, la que más lastima es la frecuente en oficinas de gobierno. Gobierno sistema: tres poderes… tres órdenes. En cualquier ventanilla de trámite aparecen personas a quienes no es suficiente el reiterado anuncio de que dar la gracias es suficiente.
Reclamamos, exigimos, acabar con las conductas que tipifican el amplio concepto de corrupción: peculado, tráfico de influencia, nepotismo, ineficiencia, abuso de autoridad, ineficacia, colusión, robo, acoso. No existe una figura delictiva llamada “corrupción” en la legislación penal, pero sí los otros conceptos. Bajo ellos debe juzgarse a los perpetradores.
Tradicionalmente se afirma, cuando de tomar decisiones se trata: no hay voluntad política. La voluntad política es la disposición a hacer lo que se debe por parte de quien debe hacerlo. Tratándose de gobernantes y gobernados quien debe hacerlo es el gobernante, por ello “voluntad política”.
Ahora, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decide que debe darse una lucha frontal contra el flagelo. Comiéncese por una investigación de aquello por lo que algunos lo señalan, pide. Lo encarga al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública. Pues tómesele la palabra. De allí en adelante, y para atrás también, se actuará hasta donde las leyes lo permitan. De la validez, de la procedencia de los instrumentos y de los métodos habrá de encargarse un panel de expertos independientes, prestigiados, entre los cuales, seguramente, se verá a algunos de los sistemáticamente opuestos a la acción gubernamental.
No se descalifique a Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, antes de tiempo. Concédasele la oportunidad de aplicarse a la acción y a la construcción, con los expertos que deben estar, de un sistema (entiéndase, sistema) nacional anticorrupción que involucre al universo total del gobierno en México (tres poderes… tres órdenes). Y a la sociedad también.
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