JALONEO.- La violencia desmedida, la saña con que se atenta contra la vida de las personas y la inseguridad que hay en casi la totalidad de las entidades del país, más en unas que en otras; la colusión de autoridades y policías municipales con organizaciones del crimen organizado; y la incapacidad de los gobiernos estatales y federal para ofrecer garantías y protección –todo lo anterior agravado con el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala-, obligó a la ciudadanía a salir a la calle y manifestarse para exigir seguridad y justicia, y al Presidente Enrique Peña Nieto a plantear modificaciones constitucionales que permitan combatir la violencia y lograr un clima de paz. En la víspera de cumplir dos años al frente del gobierno mexicano –con una imagen altamente deteriorada y una abrupta caída en la evaluación de su desempeño, Peña Nieto apuesta por una “ruta realmente desafiante” que lo compromete a que las 10 medidas que anunció «realmente se materialicen, se vuelvan una realidad en beneficio de todos los mexicanos». Y, ante los señalamientos de que las medidas que contiene su decálogo Por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarrollo son las mismas que en su momento propuso Felipe Calderón, Peña Nieto admitió que algunos de los temas planteados ya habían sido postulados en el pasado, pero que ninguno se ha logrado materializar. Y como suele ocurrir cuando no están de acuerdo, las dirigencias y legisladores del PAN y PRD -que en los últimos dos meses cuestionaron la inacción del gobierno federal- iniciaron una cantaleta de cuestionamientos y descalificaciones a las medidas del presidente que dejan claro que la exigencia ciudadana de seguridad y justicia, y el avance para aprobar las reformas constitucionales, estarán condicionadas a la negociación que les permita tener mayores prerrogativas políticas. Se habla de disposición para construir consensos pero hay desacuerdo en la posibilidad de disolver los ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado. En tanto, cada partido presentó su propia estrategia de seguridad: el PRI quiere realizar 32 mesas ciudadanas sobre el tema, el PAN está por crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública y el PRD pugna por que el Ejército vuelva a los cuarteles. Los tres buscan que se combata la corrupción y fortalezca la transparencia y la rendición de cuentas; el PRI plantea acelerar la aprobación de la Ley General de Transparencia; el PAN propone realizar una auditoría ciudadana, y el PRD sugiere crear el Tribunal Superior de Cuentas. Esto implica jaloneo político en el que la demanda de seguridad y justicia es lo que menos les importa.
INÚTILES.- El desprestigio de los partidos políticos es tal que los jóvenes de entre 15 y 29 años los desdeñan. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas cuyos resultados indican que 80 % de los jóvenes opinó que los partidos políticos son poco o nada útiles Por ello, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga (PAN), presidente de la Comisión de Juventud, estima fundamental que los representantes de los partidos políticos desarrollen una vinculación directa con los ciudadanos. Según él, para atraer el interés de la juventud es necesario diseñar una política de responsabilidad donde los votantes den seguimiento al cumplimiento de las propuestas de sus representantes.
AGRADECIMIENTO.- Enrique Fernández Fassnacht, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), renunció al cargo de secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para asumir el máximo cargo en esa casa de educación media y superior del país. Ante 132 rectores y representantes de las instituciones educativas afiliadas agradeció el apoyo para el desempeño de su gestión al frente de ese organismo, y su solidaridad ahora como titular del Politécnico.
ILEGALIDAD.- Ante representantes de la cúpula empresarial, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray expuso que para promover la competitividad y la productividad en el sector industrial, el gobierno cumplirá con la obligación fundamental de hacer que se cumpla la Ley y que prevalezca el Estado de Derecho para combatir las prácticas de comercio desleal ilegal. La industria textil y del vestido que ocupa a 500 mil jefes de familia, es una de las más afectadas por la importación de mercancías con precios por debajo de su valor real. En su auxilio, se implementarán medidas de apoyo a la innovación, la calidad y la competitividad; medidas en materia aduanera, para combatir la competencia desleal e ilegal; y acciones a través de la banca de desarrollo y de suministro de financiamiento.
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