Atisbos

INSUFICIENTE.- A pesar de que desde hace 20 años se implementan en el país políticas públicas de desarrollo social para combatir y atender los estragos que la pobreza causa entre la población, los resultados son insuficientes. En 2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que 53.3 millones de personas estaban en situación de pobreza -41.8 millones moderada y 11.5 millones extrema-, y que 23.3% de los 110 millones de pobladores del país presentó inseguridad alimentaria severa o moderada. Hasta ahora, la situación ha cambiado muy poco. Para el académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Daniel Rodríguez, la pobreza y la desigualdad imponen al 75% de la población subsistir al límite de la supervivencia. La mayoría vive con carencias, sin ejercer sus derechos fundamentales a causa de un mercado laboral deprimido y salarios mermados, cobertura limitada o mínima de los servicios de salud, educación y vivienda y programas que legitiman políticas sociales mediocres con alta rentabilidad electoral. Los programas de combate a la pobreza tienen un alcance limitado, crean estructuras sociales dependientes y eliminan la capacidad de autogestión de las comunidades. Afirma que en un régimen no democrático, mantener al 75 por ciento de la población en condiciones de supervivencia tiene alta rentabilidad política. Lo anterior contrasta con el informe del Programa Prospera –antes Oportunidades- que generó un cambio de fondo a la dependencia que opera transferencias monetarias en beneficio de 6.1 millones de familias en el país. Ahora sus ejes de operación son la inclusión financiera, laboral y productiva -para que las familias generen ingresos propios a partir de un empleo o de un negocio, logrando romper el ciclo intergeneracional de la pobreza-, y apoya a 731 mil familias con la Tarjeta SINHambre, lo que se traduce en 2.8 millones de beneficiarios. El otro programa estrella de la política de desarrollo social del Presidente Peña Nieto es la Cruzada Nacional contra el Hambre que cumple con 4.2 millones de personas que ya comen mejor y han mejorado sus condiciones de vida; actualmente, 627 mil 790 niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y en lactancia y personas con discapacidad, desayunan y comen en los 5 mil 792 comedores instalados en todo el país. Además, estableció más de 10 mil escuelas de tiempo completo con apoyo alimenticio para más de 1.2 millones de estudiantes. Diconsa tiene mil 351 nuevas tiendas, para llegar a 17 mil 11 en los municipios atendidos por la Cruzada, mientras que a 4 mil 188 localidades llegan unidades móviles; sus productos son subsidiados. Liconsa incorporó a 2.6 millones de nuevos beneficiarios de leche fortificada, cuyo precio de 4.50 pesos por litro no aumentará en 2015, y compra el lácteo a mil 845 productores. Gran esfuerzo el del gobierno federal, pero insuficiente: los pobres son cada vez más.

IMPUESTOS.- El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informó que el país dejó de ser el único de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos impuestos ambientales durante años, a causa de los subsidios del gobierno federal a las gasolinas y diésel. Según la OCDE, en México aumentaron casi un tercio las emisiones de CO2 en 20 años, por causa, principalmente, de los sectores energético y de transporte.

AVANCE.- Con recursos superiores a 5 mil 90 millones de pesos, entre enero y la primer quincena de febrero, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entregó 14 obras de infraestructura y transporte en el norte, centro y sur del país, con las que aumenta la conectividad y avanza en la meta de consolidar a México como plataforma logística de clase mundial. Aún con el ajuste presupuestal, la dependencia mantendrá una inversión superior a la de 2013 -en 2014 fue de 24%- y se prevé que en 2015 continúe el mismo ritmo de crecimiento.

VERDAD.- Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, externó que la mayor ambición de quienes la integran es tener la confianza de los legisladores, la ciudadanía, los formadores de opinión, los académicos e investigadores y las dependencias gubernamentales, ya que su actuación se basa en decir siempre la verdad. Lo anterior, ante la crisis de confianza de las instituciones de la República. Por ello, hay escepticismo y reserva en la actuación del Estado, llegando, en algunos casos, a asumir tintes de disenso y confrontación.