ATISBOS

Por: Rafael Cienfuegos Calderón

REMESAS.- Según estimaciones más de un millón 200 mil familias pobres que habitan en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, , Zacatecas, Guanajuato, Durango, Jalisco y Puebla tienen como única y principal fuente de ingresos el dinero que les envían desde Estados Unidos sus familiares. Se trata   de casi 27 mil millones de dólares –de acuerdo al Banco de México- que enviaron el año pasado los mexicanos a quienes Trump quiere deportar. A esa cantidad de dinero, que resulta ser el principal ingreso del país por arriba del turismo, la inversión extranjera y la venta de petróleo, el presidente norteamericano pretende aplicar un impuesto e inclusive retenerla para costear parte del muro, lo que, de ser así, causaría un fuerte daño a la economía y las finanzas y podrían en riesgo la supervivencia de millones de personas aquí. Sobre  este tema los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados avalaron exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, a implementar una estrategia para proteger las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos, ya que cortar el flujo de las mismas, en opinión de Araceli Saucedo Reyes (PRD) “sería una crisis gravísima en términos generales”. En sus argumentos Saucedo Reyes, Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social), Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), Juan Romero Tenorio (Morena), Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM), y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN), sin embargo, no plantearon de qué forma se podrían blindar las ayudas económicas que envían los más de 34.6 millones de personas de origen mexicano. Resaltaron, eso sí, que quienes emigraron a Estados Unidos lo hicieron para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, convirtiéndose en una gran fuente de recursos para el país en su conjunto. Los estados con mayor dependencia de remesas son Michoacán, Guerrero y Oaxaca con 9.9, 7.8 y 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto, respectivamente. Zacatecas y Durango cuentan con gran cantidad de emigrantes y han basado en gran medida su funcionamiento económico en el dinero que reciben. En mayo del año pasado, en plena campaña por la presidencia, Trump envió a The Washington Post un memorando –que hizo público- en el que asegura que amenazará con cambiar aspectos de la ley antiterrorismo, conocida como la USA Patriotic Act, para cortar el flujo de dinero que los mexicanos mandan desde EEUU y que ésta –la amenaza- se retirará cuando el gobierno de México acepte hacer un pago de entre 5,000 y 10,000 millones de dólares para sufragar la construcción del muro. O sea, el gobierno de México sabe por qué medio pretende Trump afectar las remesas, lo que falta es que diseñe en tiempo una o varias estrategias proteccionistas efectivas, en lo que, es de esperarse, estén trabajando ya los expertos del gobierno. Qué tan fácil puede ser eso, lo desconozco. Pero lo que sí sé, es que hay que hacer algo.

GASTALON.– El gobierno federal gastó 650 mil millones de pesos más de lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 y lo peor es que no hay reportes claros de en qué. De 4.7 billones de pesos asignados para atendiera las necesidades de la población mediante diversos programas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que el gasto pasó a 5.4 billones. La pregunta que hace la diputada del PAN, Minerva Hernández Ramos es: ¿quién y con qué criterios decidió asignar ese excedente en diversos rubros? Todo excedente de gasto, anotó, tiene que aprobarlo la Cámara de Diputados, pero no es así.

¿REPRESOR? – Eruviel Ávila, gobernador aspirante a la presidencia de la República, sacó el cobre y mostró su condición represiva. Envió al Congreso local la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, que los partidos políticos, excepto Morena aprobaron, que se promulgó en marzo de 2016 y que autoriza el uso de la fuerza pública como primera opción, para garantizar el cumplimiento de su responsabilidad de proteger los derechos humanos, la vida, la libertad y la seguridad de las personas. La Suprema Corte de Justicia analiza el caso y el ministro Alberto Pérez Dayán propone que se declare inconstitucional el artículo 40, para impedir la represión policial.

ACLARACIÓN.- El desvío de 137 millones de pesos que reportó la Auditoría Superior de la Federación a la Cámara de Diputados es motivo para que el Gobierno de la Ciudad de México suspenda las obras del Tren Interurbano México-Toluca en la parte que corresponde al poblado Cruz Blanca de la Delegación Cuajimalpa. Los desvíos que corresponden a la Cuenta Pública de 2015, indicó Ana Juana Ángeles Valencia del partido Morena, se detectaron en la liberación de derechos de vía, alcances de las barreras de protección, trabajos no ejecutados, volúmenes de acero estructural y pagos a personal de supervisión en los contratos de servicios. La demanda es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, rinda cuentas.