PARAFERNALIA.- Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) privatizó bienes públicos y personas allegadas a él se quedaron con ellos sin mediar licitación; Ernesto Zedillo (1994-2000) convirtió deudas privadas en deudas públicas a través del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro); Vicente Fox (2000-2006) entregó concesiones para la explotación de 30 millones de hectáreas a la industria minera y propició el fraude electoral de 20006; Felipe Calderón (2006-2012) inició una estrategia de seguridad que ha provocado 250 mil muertes; Enrique Peña Nieto (2012-2018) incurrió en actos de corrupción y los permitió. Estos son los cargos por los que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador serían enjuiciados los expresidentes. Si el pueblo quiere que se les juzgue que lo diga en consulta pública (del 21 de marzo, aunque “políticamente mi postura es muy clara desde la campaña, incluso lo dije cuando tomé posesión de la Presidencia: Yo soy partidario de que pensemos hacia adelante… que no apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al país… Y que si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos”. Aunque López Obrador precisó el 1 de diciembre que no iniciaría ninguna persecución a políticos corruptos del pasado, porque sería un “circo” y no le importa la “parafernalia del poder”, cada que toca el tema de la corrupción hace mención de los expresidentes del neoliberalismo contra quienes hay, dice, una posibilidad para que se abran expedientes en su contra, y esa posibilidad es la consulta ciudadana. Pero, también ha reiterado: “yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal más que encarcelar a estos personajes”. Esto dichos llevan a cuestionar ¿para qué preguntarle a la gente si quiere que se enjuicie a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña –a quienes sin duda el pueblo sabio encontrará culpables-, si tras el veredicto va a imperar el perdón y la benevolencia del Presidente de la República? ¿No sería eso una burla contra el pueblo, que es el que manda? ¿Acaso no es una simulación, circo, parafernalia?
DENUNCIA.- Para enjuiciar a los expresidentes de la República se debe tomar en cuenta la prescripción de delitos, porque hay algunos que vencen pronto. Cualquiera puede ser juzgado y el primer jurado que sentencia (Senado) es competente para conocer de un delito cometido en el ejercicio del cargo y un año después. Luego, la competencia sería de la autoridad judicial federal o local, en función de los delitos, previa denuncia: Constitucionalista Elisur Arteaga (Jornada 09-03-2018).
CAMBIO.- Un giro de última hora hizo posible que los senadores de todos los partidos políticos aprobaran la creación de la Guardia Nacional. Y para no contrapuntearse con las organizaciones sociales y de derechos humanos, el presidente López Obrador estuvo de acuerdo en que el mando sea civil y que la presencia militar en las calles dure cinco años. No fue como la quería, pero logró darle constitucionalidad a esa nueva institución de seguridad pública.
REGISTRO.- La “lógica” podría anular la disposición de la Ley Electoral en cuanto a que un partido político mantendrá su registro nacional sólo si obtiene el 3% de los votos emitidos en una elección federal. En 2018 el Partido Encuentro Social no lo alcanzó y el Instituto Nacional Electoral declaró la pérdida de su registro. Aun así el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata propone que el partido mantenga el registro dada su representación en las cámaras de diputados y senadores, mayor a la del PT, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano. “Lo lógico es que, si los partidos con menor representación conservaron su registro, el PES lo conserve también”, argumenta.
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