ATISBOS

URGIDO.- El gobierno del cambio reconoce que hay alrededor de 40 mil personas desaparecidas y aunque su obligación es esclarecer el paradero de todos y cada uno su atención, su mayor esfuerzo y su compromiso se centran en los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Por qué? Los mal pensados dirían que porque es políticamente redituable, y los bien pensados afirmarían que se debe a un acto de justicia.  Para el Presidente de la República es una prioridad porque va más allá de un simple ilícito, es un asunto fundamental para la justicia y el respeto a los derechos humanos. Por ello, aunque ya pasaron cinco años de la detención y retención de los jóvenes, de su supuesto asesinato y calcinación  de sus cuerpos en algún lugar de Guerrero, y aunque se hizo una investigación que terminó en la rechazada y vilipendiada “Verdad Histórica”, los padres de las víctimas y el propio gobierno mantienen vivas las esperanzas de dar con su paradero. Los primeros exigiendo resultados porque no hay ni verdad ni justicia, y el  segundo ofreciendo recompensas de un millón 500 mil pesos a quien aporte nueva información y 10 millones al que denuncie a Alejandro Tenescalco, presunto implicado en la desaparición-. El caso Ayotzinapa ha tenido tal resonancia dentro y fuera del país que en el radar de la opinión pública y de quienes se manifiestan y exigen el esclarecimiento de los hechos, están fuera el resto de los 40 mil desaparecidos como si no fueran víctimas de la violencia e inseguridad que hay en cada uno de los municipio de todos los estados del país, a quienes sus familiares también buscan afanosamente con la esperanza de encontrarlos. Con todos ellos el Estado mexicano está en deuda, pues en cada caso de desaparición forzada hay una flagrante violación de derechos humanos. Para enfrentar los casos de desaparición forzada –que involucra más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses- el gobierno anunció el 4 de febrero una estrategia que contará con 400 millones de pesos y cuyos trabajos irán de la mano de los familiares de las víctimas y organizaciones civiles nacionales e internacionales. Y es tal el compromiso del Presidente con los 43 que creó la comisión para la verdad y la justicia, invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a participar en las investigaciones, respalda el trabajo de la Fiscalía General de la República y la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, espera que el esclarecimiento no se lleve todo el sexenio, y a los cinco años de la tragedia vistió una playera conmemorativa.

EXAMEN.- La educación que se imparte en primaria y secundaria adolece de calidad, eso es bien sabido,  porque la preparación de los alumnos es en general deficiente. El mal aprendizaje se hace evidente en el nivel medio superior al grado de que limita la posibilidad de que un estudiante logre un lugar en la UNAM, el Politécnico o la UAM para cursar una licenciatura. Esta realidad va a cambiar, afirma el gobierno del cambio, con la nueva reforma educativa, pero en tanto, pretende eliminar el examen de ingreso a las instituciones de educación superior.

JALADA.- Vicente Fox afirmó tener calidad moral para estar en el movimiento opositor que encabezan el PAN y otras fuerzas políticas en contra de Andrés Manuel López Obrador. “De lo que se trata es de sacarle ventaja en 2021 a esta Cuarta Transformación que está destrozando al país…aquí hay un valor último que es restaurar los equilibrios en el ejercicio del poder que se perdieron durante el siglo XX, se restauraron en el año 2000. Hoy hay un caballo brioso al que todos los días se le ocurre una jalada”. (Milenio Diario).