ATISBOS

Elección de Estado en la Cuarta Transformación

Rafael Cienfuegos Calderón

Juró respetar la Constitución, pero viola el artículo 134 (ningún servidor público debe influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos); firmó un pacto con los gobernadores para que nadie interfiera en las elecciones en curso, pero lo incumple (se convierte en denunciante de candidatos opositores por supuesta compra de votos); acusa que en México nunca ha habido democracia, pero se opone a ella (ataca al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la alianza entre partidos de la oposición); culpa a gobiernos del pasado de realizar elecciones de Estado para mantener el poder, pero prepara la del gobierno del cambio y la transformación (hace campaña en favor de Morena). Acorde con lo anterior, el martes 11 el Presidente aceptó en la mañanera que sí está metiendo las manos en el proceso electoral en curso y que a ello obedece la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial en Delitos Electoral (FEDE), contra Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos punteros al gobierno de Nuevo León de Movimiento Ciudadano y del PRI-PRD, respectivamente, por violaciones a la ley. Empero la investigación, corroboración y sanción de los presuntos delitos corresponde al Instituto Nacional Electoral, no a la Fiscalía. Con el argumento de que no puede ser cómplice del fraude anunció que seguirá haciendo denuncias (¿autoritarismo contra Constitución?) ya que los comicios de este año tienen que ser limpios, libres y algo inédito, pues en México no ha habido democracia. Pero el activismo político que lleva a cabo cual si fuera en este momento candidato, el uso de las instituciones del Estado para atacar, debilitar y eliminar a los opositores que, acusa, junto con sus partidos, los neoliberales y los conservadores se oponen al cambio y a su proyecto transformador, y la violación de la Constitución y la Ley Electoral convierten al Presidente en defraudador electoral de facto. En días pasados Vianey Esquinca escribió en Excélsior que durante años, los partidos políticos han utilizado la expresión “elecciones de Estado” para reclamar la intervención clandestina e ilegal de un presidente o gobernante en los procesos electorales con el objeto de favorecer a un partido o un contendiente, (pero) que es un hecho, que por primera vez en la historia se está fraguando lo que podrían ser las elecciones de Estado más descaradas. Y ayer el Presidente pidió a la Fiscalía investigar y castigar a los partidos, el que sea, y a los candidatos que ofrecen tarjetas con dinero a cambio de votos, y El Universal publicó en su primera plana que los partidos PRI, Morena, PRD, PT, MC, PAN, han empleado tarjetas, programas o recursos económicos para atraer el voto.