ATISBOS

México cuenta a partir de 2007 con una ley e instrumentos jurídicos para definir conceptos clave e identificar los tipos de violencia que padecen las mujeres (psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, feminicida); sus modalidades (familiar, en comunidad, laboral, docente); el acoso sexual y el hostigamiento, empero no hay avances, siguen desprotegidas; ante ello instancias del gobierno como la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) responden con recomendaciones de autoprotección. Ayer Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que de enero a mayo de 2021, los feminicidios crecieron 7% y las violaciones 30.5%. Desde hace más de una década están vigentes la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Alerta de Violencia de Género, pero la gran falla está -señalan especialistas en el tema-  en su aplicación y en la falta de mecanismos para monitorear y evaluar las acciones que se emprenden. En marzo de 2020, Expansión Política publicó que la gran falla tiene que ver con las personas que están a cargo de las fiscalías especializadas, de los tribunales y de los institutos para las mujeres. Arely Torres Miranda, exconsejera de Inmujeres, dice que preocupan los perfiles de quienes deben estar vigilando la aplicación y el cumplimiento de estas leyes dado que es una constante que se dé el cargo por amiguismo y nepotismo a gente que no tiene el perfil adecuado ni cumple los requisitos mínimos. Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas, organización Equis Justicia, señaló que a mediados de febrero, el Presidente propuso crear una fiscalía especializada para el delito de feminicidio, pero un estudio de Alejandra Ríos Cázares, doctora del CIDE , apunta que los ministerios públicos especializados en los estados no funcionan, no por falta de capacitación sino por las limitaciones en recursos materiales y humanos que impiden la implementación de un modelo de atención integral, y, que antes de proponer nuevas políticas públicas habría que evaluar las que existen y que no están en la ley o cuáles se puedan reforzar. Un ejemplo de una adecuada política integral de género son los Centros de Justicia para las Mujeres, pues en un mismo lugar las víctimas tienen acceso a servicio legal, médico y psicológico. Ana Joaquina Ruiz, consultora de género y política pública e integrante del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, expuso que la Cámara de Diputados aprobó reformas para aumentar las penas de cárcel por feminicidio de 45 años de prisión a 65, pero eso no servirá porque hay 98% de impunidad en ese delito. En cambio, hay muchos focos previos que el Estado puede detectar para frenar la violencia antes de llegar a un feminicidio, como integrar expedientes médicos efectivos que demuestren que la mujer ha sido víctima de violencia. Las especialistas coinciden en que la ley es mejorable, pero seguirá sin funcionar si no se implementa, si las autoridades no se toman en serio la violencia de género y si no hay coordinación; llaman a combatir las voces que desestiman el infierno que viven las mujeres día a día.