El uso político de la consulta ciudadana
Rafael Cienfuegos Calderón
Igual que la (no) rifa del avión presidencial, que infructuosamente se quiere vender y que cuesta mucho dinero darle mantenimiento sin que se use, la consulta ciudadana del 1 de agosto será un acto más del circo de la Cuarta Transformación. Este primer ejercicio de la democracia participativa en México quedará como un montaje distractor de la problemática que se vive en salud, por la pandemia y la falta de medicamentos, en seguridad, por la ola de asesinatos en varios estados y en desempleo, por no recuperarse aún dos millones de los 12 millones de fuentes de trabajo que se perdieron en los últimos 15 meses, toda vez que se convoca a los ciudadanos a responder una pregunta imprecisa de la que se sabe por la retórica del Presidente del cambio es para enjuiciar a los últimos cinco presidentes de la República por delitos que se acusa cometieron sin que medien denuncias. Además, con un costo superior a 500 millones de pesos, la consulta será un fracaso y no tendrá legalidad si no participan 37 millones 411 mil 389 ciudadanos del total de 93 millones 528 mil 473 inscritos en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), o sea, 40%. En la elección del 6 de junio votaron 49 millones 151 mil 320 ciudadanos, equivalente al 52.6%. Y aunque el proceso de la consulta lo iniciará oficialmente el INE el 15 de julio, el Presidente, que ya anunció no va a participar porque está en contra de que desde el gobierno se persiga políticamente a los expresidentes, pues lo suyo no es la venganza, aunque su postura es “perdón sí, olvido no”, hace campaña en la conferencia mañanera invitando al pueblo sabio que no se equivoca a participar y de paso le hace saber que a Salinas hay que juzgarlo por entregar los bienes de la nación y del pueblo a sus aliados; a Zedillo por favorecer a los poderosos con el Fobaproa y convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública; a Fox por traidor a la patria al engañar al pueblo y prestarse al fraude electoral que se cometió en su contra; a Calderón por desatar la guerra contra la delincuencia sin atender las causas y por hacerse de una presidencia fraudulenta; y a Peña por los actos evidentes de corrupción. Pero resulta lamentable que a la consulta se le esté dando un uso político camuflado de práctica de democracia participativa, al colocarla por encima de la ley para sujetar su aplicación a lo que diga la opinión pública. Y esta es la sesuda pregunta que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?
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