ATISBOS

Las remesas que envían los connacionales que legal o ilegalmente viven y trabajan en Estados Unidos, que de enero a mayo suman  19 mil 176 millones de dólares, que superan la venta de petróleo, la captación de divisas del turismo y la inversión extranjera, y que presume el gobierno del cambio son, irónicamente, una ayuda para que las familias que las reciben sobrevivan ya que no propician una mejora en su nivel de bienestar ni constituyen una fuente de inversión productiva. Esto es, no son activadoras de la economía regional. Y aunque en los últimos 12 meses –mayo de 2020 a mayo de 2021- mantuvieron una constante alza que el Banco de México cuantifica en 44 mil 26 millones de dólares, la tendencia podría cambiar a la baja a partir de que el gobierno estadounidense deje de dar los apoyos económicos que instrumentó con motivo del cierre de actividades a causa de la pandemia. Pero más allá de que se sostenga  o no el monto de los dólares que envían los connacionales, la realidad es que ese dinero es aprovechado para cubrir gastos de alimentación,  deudas, y hacer algún cambio en la vivienda, pero en general, su incidencia en las condiciones de vida es marginal, aunque de no ser por ellas, hay que resaltar, mucha gente del medio rural no subsistiría dadas las pocas fuentes alternas de ingresos que tienen. Datos del Banco de México indican que la población más beneficiada con las remesas entre enero y marzo de 2021 es la de Jalisco, 11%, Michoacán, 9.9%, Guanajuato, 8.1%, Estado de México, 5.9%, Ciudad de México, 5.7%, Guerrero, 5.1%, Oaxaca, 4.7% y Puebla, 4.1%; y la que menos ha recibido dólares radica en Baja California Sur y Campeche, 0.3%, Colima, 0.9%; y Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, 0.6% cada una. Para incentivar la inversión de remesas en proyectos productivos rurales el gobierno federal lanzó en 2016 el Programa 3X1, cuyo esquema formó parte de las prioridades para combatir la pobreza, mediante el cual se harían obras de infraestructura, se crearían fuentes de trabajo y se beneficiaría a las comunidades  expulsoras de migrantes con la participación de federaciones de connacionales en Estados Unidos y los gobiernos federal, estatal y municipal; el gobierno del cambio lo integró al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero Juan José Estrada,  secretario del Zacatecano Migrante, denunció que en el presupuesto de egresos de la federación 2021 no se le asignó recursos. Y Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, se pronunció en octubre de 2020 porque el Programa 3×1 que despareció en anteriores presupuestos, sea reintegrado.