Después de la consulta, más ataques al INE
Rafael Cienfuegos Calderón
La consulta ciudadana, que no será vinculatoria por la “imposibilidad” de que 35 millones 700 mil ciudadanos de los inscritos en el Padrón Electoral participen como mínimo, y que no tendrá consecuencias judiciales para nadie aunque la respuesta a la ininteligible pregunta sea sí por mayoría, será el pretexto ideal para que el Presidente del cambio, con el respaldo de Morena, militantes, diputados, senadores y el ejército de incondicionales que lo siguen, avance en su propósito de desaparecer y sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) porque –acusa- es antidemocrático. Desde que asumió la presidencia de la República lo tiene en la mira, no obstante que validó su triunfo en 2018, lo descalifica como órgano autónomo del Estado mexicano y lo señala junto con su Presidente, Lorenzo Córdova, como comparsa de los conservadores y la mafia del poder político y económico. Va a reforma la Ley Electoral para que sus funciones pasen a manos del Poder Judicial, se nombren nuevos consejeros que sean honestos y estén comprometidos con el respeto al voto, y que la democracia cueste menos. Para ese propósito, la consulta del 1 de agosto le caerá como anillo al dedo. Al prever un fracaso por la poca asistencia que se espera (aunque el éxito está asegurado por el sí abrumador que darán en respuesta los que atiendan la convocatoria, como efecto de la trampa-gancho del supuesto enjuiciamiento a expresidentes, de Salinas a Peña Nieto), culpar al INE aduciendo que no hizo promoción ni instaló casillas suficientes ni jugó a favor del primer ejercicio de participación democrática ciudadana, le será lo políticamente más redituable. Ricardo Monreal, senador de Morena, escribió (El Universal 26-07-2021) que el Instituto Federal Electoral -ahora INE- fue creado para poner un límite al abuso institucional, a través del cual se suprimía la voluntad popular, y para fomentar los principios democráticos. Pero hoy, a una semana de que se lleve a cabo la consulta popular para saber si la población está de acuerdo o no con que se emprendan procesos de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años anteriores, es la autoridad electoral la que, a través de sus posturas, parece desinteresada en fortalecer la participación democrática. Ese mismo día en Milenio, Diego Fernández de Cevallos vaticinó que ganará aplastantemente el sí y que, aunque no tendrá consecuencias jurídicas, será útil para lo que al gobierno le venga en gana. Y afirmó: la tal “consulta” es el proceso más corruptor que ha sufrido nuestra vida pública porque se llegó a la infamia de consultar “al pueblo” si las autoridades deben cumplir o no con lo que les manda la ley; con el agravante de que la cantinflesca pregunta fue elaborada por la mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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