ATISBOS

Resultados, apego a la ley y fortaleza de la democracia avalan al INE

Rafael Cienfuegos Calderón

El Instituto Nacional Electoral (INE) demostró una vez más el 10 de abril que es un órgano del Estado mexicano comprometido con la democracia y la legalidad, y que es garante de procesos electorales limpios y confiables. En el proceso de la primera consulta para la revocación de mandato del presidente, el INE fue el “gran” ganador “a pesar de los pesares”. ¿Habrá quién lo dude? También es un hecho que tiene un alto nivel de confianza entre la población, muy por arriba de los partidos políticos. Los resultados que ha dado desde su creación como órgano electoral autónomo lo avalan, lo mismo que la transparencia con que los pone a disposición de la ciudadanía. Su capacidad para organizar, llevar a cabo y concluir elecciones federales y locales con buenos resultados se hace patente aunque sea excesiva la carga por las responsabilidades y obligaciones que legalmente tiene. Debe tener actualizado el Registro Federal Electoral, reponer y emitir nuevas credenciales para votar, organizar elecciones, capacitar a funcionarios de casilla, fiscalizar el dinero que gastan los partidos políticos, administrar y pautar  los tiempos de propaganda en radio y televisión, y promover la educación cívica. A estas se suman más de 70 que el Poder Legislativo le atribuyó tras las reformas electorales que se han llevado a cabo, principalmente la de 2014; las más recientes son realizar consultas ciudadanas como las que se llevaron a cabo para enjuiciar a los expresidentes y la de revocación de mandato del Presidente. Pero de manera paralela al más reciente ejercicio de participación ciudadana directa del 10 de abril, el INE hubo de coordinar las acciones de los organismos locales para celebrar la elección de ayuntamientos y una diputación, en Puebla, el 6 de marzo; en Veracruz y Oaxaca, el 27; en Chiapas, el 3 de abril; y en el Estado de México, el 15 de mayo. Para el próximo 5 de junio el instituto avanza en la planeación y seguimiento de la correcta organización de los procesos para elegir gobernador, presidentes municipales y diputados locales en Aguascalientes, Durango Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, de acuerdo al Plan Integral y los calendarios establecidos. Y aun así el Presidente y su movimiento-partido están aferrados a reformar la Ley Electoral bajo el argumento de que como autoridad electoral el INE es caro, (y lo peor) que es enemigo de la democracia y está al servicio de los conservadores que se oponen a la transformación política del país. Su soberbia es tal que son incapaces de aceptar que en 2018 ocurrió la cuarta alternancia en el gobierno (Fox-Calderón (PAN), Peña Nieto (PRI), López Obrador (Morena), como parte del cambio a la democracia que inició en México a partir de que el máximo órgano electoral se ciudadanizó. Una reforma que derive en el control del INE con consejeros a modo para el gobierno o en la injerencia de éste en las elecciones, debilitará y pondrá en riesgo la aún incipiente vida democrática que dice el promotor de la transformación respeta y defiende.