ATISBOS

Aunque no compitió para ser votada, la autoridad electoral fue la gran ganadora  de las elecciones del domingo en seis estados. El Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) demostraron una vez más a la ciudadanía, y a sus detractores que los quieren desaparecer, que lo que hacen, organizar elecciones, lo hacen muy bien. Que contribuyen a fortalecer la aún incipiente y endeble democracia que hay en el país facilitando la participación de quienes cuentan con su credencial para elegir libremente a sus gobernantes y miembros de los congresos locales en las urnas, y que tienen suficiente capacidad de convocatoria para lograr que la ciudadanía participe como funcionaria de casilla, se capacite, monte urnas, reciba a los votantes, cuente las boletas y llene las actas con los resultados. El domingo 147 mil mexicanas (os) participaron, lo que dotó de imparcialidad el proceso electoral y dio certeza de que no habrá fraude, de que el conteo de los votos será minucioso, y de que quien gane será por la voluntad del votante. La asistencia a las urnas fue baja: de 45-48% en Hidalgo, de 38.9% en Quintana Roo y de 38% en Oaxaca, salvo Tamaulipas con 51-55%, cuyas gubernaturas ganó el partido oficial Morena, en tanto que en Aguascalientes, que retuvo el PAN, el porcentaje fue de 43-46% y en Durango, que seguirá siendo del PRI, 50.4%. En cuanto a las autoridades electorales, INE-OPLES, es de destacar y reconocer que cumplieron e hicieron un buen trabajo, como lo han hecho anteriormente. Después de la elección de 2018 en la que se dio la tercera alternancia en la presidencia de la República con el candidato de Morena (la primera con el PAN en dos sexenios y la segunda con el PRI), las autoridades electorales han cumplido a cabalidad con cada uno de los procesos electorales: con el intermedio de 2021 en 15 estados sin conflictos postelectorales de por medio, y días después con la consulta para enjuiciar a los expresidentes; en abril de este año, con un recorte al presupuesto de casi 5 mil millones de pesos y sin recursos asignados, organizaron la consulta de revocación de mandato del presidente del cambio, y, ahora, con buenos resultados, salieron adelante en la contienda para renovar seis gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. Aun así, es de esperarse que al INE lo seguirán atacando y demeritando como garante de la democracia, acusando de parcial y estar al servicio de la oligarquía política, y de oponerse a los propósitos de la transformación para así justificar la reforma a la Ley Electoral con la que se quiere debilitar su autonomía, modificar su estructura, desaparecer los OPLES, elegir a los nuevos consejeros en votación abierta al “pueblo”, y reducir el costo de la democracia que a la Cuarta Transformación le parece muy alto. Ante este embate, si como muestran las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el INE es un organismo del Estado mexicano con prestigio, aceptación, confianza y credibilidad entre la ciudadanía, lo que corresponde a esta,  es exigir que las elecciones sigan ciudadanizadas y evitar el control del gobierno.