ATISBOS

El presidente del cambio habla, Durazo actúa

Rafael Cienfuegos Calderón

Contrario al presidente transformador que insulta, critica y recrimina a periodistas, columnistas y medios de comunicación por cuestionar en la información diaria la estrategia de seguridad del gobierno del cambio para pacificar al país en lugar de exaltar su efectividad y buenos resultados, en tanto que acumula muertes de comunicadores (a octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación reportó 47 en el documento «Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas», entre enero y febrero cinco más fueron asesinados, y a la fecha se han sumado siete, en total 64 en tres años y medio del  gobierno del cambio), el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana), contagiado (quizá) por la tirria manifiesta de su exjefe contra el gremio periodístico, decidió amordazar y amedrentar por la vía penal a la prensa para que deje de informar sobre la violencia e inseguridad que hay en el estado. Publicó el 6 de junio enmiendas al artículo 167 del Código Penal para incorporar el decreto 40 que establece: “Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”. En comparación con el Presidente, Durazo no denostó, no criticó y no se quejó de la prensa ni se enojó, optó por la mano dura y la intimidación penal para silenciar a los periodistas con los instrumentos represivos del gobierno en un intento por  ocultar la realidad. Ante esta agresión y violación a la libertad de expresión y de prensa las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, Propuesta Cívica y Artículo 19 alzaron la voz para expresar que la modificación al Código Penal no cumple los objetivos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de ésta, sino que generan un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad. Las conductas que castiga el decreto 40 son tantas, que podrían generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, y su aplicación discrecional y arbitraria en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar. Los conceptos que utiliza son tan abiertos como “compartir”, “enviar” o “difundir”, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquiera que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban. Cabe señalar que mientras el Presidente clama por la liberación del exhaker Julian Assange, fundador de WikiLeanks, acusado de 18 delitos por Estados Unidos, entre ellos espionaje, por publicar registros militares información confidencial y cables diplomáticos que según han puesto vidas en peligro, el columnista mexicano Mario Maldonado es perseguido por la Fiscalía General de la República. Tiene abierta una investigación por difundir un material que se publicó en YouTube e involucra al fiscal Alejandro Gertz Manero.